Se tenía previsto comenzar hoy con el interrogatorio al sacerdote español Lucio Vallejo Balda pero en lugar de eso cada uno de los acusados ha presentado una serie de excepciones y peticiones, lo que varió el desarrollo de la audiencia.

Estaban presentes, además del sacerdote, los otro cuatro imputados por el robo y divulgación de documentos confidenciales –cada uno acompañado por su respectivo abogado–: Francesca Chaouqui, Nicola Maio; y los periodistas Emilio Fittipaldi y Gianluigi Nuzzi.

Chaouqui solicitó dos excepciones: que el Vaticano no tiene jurisdicción sobre el delito y que por ser “refugiada política” en Italia es allí donde debería ser juzgada. Los dos pedidos fueron rechazados por el tribunal.

El sacerdote Vallejo Balda pidió incluir los correos electrónicos entre él y Chaouqui durante el año 2015 como pruebas, solicitud que fue aceptada. El segundo pedido, el de una pericia psicológica para probar que no estaba en plena capacidad de sus facultades cuando le entregó a ella los documentos, fue rechazado.

También se ha aprobado algunas pericias en las computadoras y los teléfonos de los imputados y llamar a un total de doce personas para que declaren como testigos en el juicio.

Entre ellos están, además del Cardenal Parolin, el Cardenal español Santos Abril y Castelló.

La audiencia concluyó sin que se fijara una fecha para la siguiente.

Nota del Director de la Sala de Prensa del Vaticano

Sobre este juicio, el Director de la Sala de la Sala de Prensa del Vaticano, P. Federico Lombardi, salió al frente de una serie de comentarios “inapropiados” o a veces “totalmente injustificados” que algunos están haciendo en relación a este proceso.

“En primer lugar, aunque debería ser evidente, cabe recordar que en el Estado de la Ciudad del Vaticano está en vigor un sistema judicial propio, completamente autónomo y separado del italiano, dotado de sus propios órganos judiciales para los distintos niveles de juicio y de la legislación necesaria en material de derecho penal y procesal.

Dicho sistema cuenta con todas las garantías procesales de los sistemas jurídicos contemporáneos más avanzados”, explica el sacerdote jesuita en la nota.

Luego recuerda que los profesionales que participan en el juicio son “profesionales de alto nivel, que cuentan con amplia experiencia y reconocido prestigio (como atestigua el currículum de cada uno de ellos, que se encuentra fácilmente en Internet). Todos son profesores universitarios en las universidades italianas”.

Sobre los abogados y respondiendo a una supuesta “violación del derecho de defensa de los imputados, a los cuales no se habría permitido ser defendidos por los abogados de confianza de su elección”, el P. Lombardi dijo que “hay que evitar un malentendido fundamental: la normativa vigente en el Vaticano, aplicada por los tribunales, es absolutamente conforme con la de la mayoría de las leyes procesales del mundo, donde la admisión al patrocinio en los tribunales requieren una habilitación específica para el ejercicio de la profesión, concedida en presencia de requisitos y calificaciones establecidos por cada ordenamiento”.

“No es de extrañar, pues, que un abogado habilitado en Italia no pueda por esa sola razón ejercer su patrocinio en el Estado de la Ciudad del Vaticano, así como tampoco podría hacerlo en Alemania, Francia, etc.”.

Estos abogados, explica, son juristas “calificados no sólo en los tribunales de laIglesia y de la Santa Sede, sino también en los tribunales italianos y todos están inscritos en los respectivos Colegios de abogados italianos. Además, todos ellos tienen un segundo título universitario en Derecho Canónico y un diploma de postgrado de tres años más otorgado por el Tribunal de la Rota Romana”.

“Se trata, pues de profesionales, que junto con la titulación requerida para el patrocinio en Italia, cuentan también con conocimientos adicionales que los hacen adecuados para la práctica en una jurisdicción en la que es necesario conocer el derecho canónico”, subraya.