Por ANDREA TORNIELLI - CIUDAD DEL VATICANO

Se ha discutido mucho en las últimas semanas sobre el proceso vaticano por el llamado «vatileaks» 2, que llevó a la identificación y al posterior arresto de dos presuntos «cuervos», monseñor Lucio Ángel Vallejo Balda y Francesca Immacolata Chaouqui, antes de que fueran divulgados los documentos que filtraron a los periodistas. Más allá de la obvia distinción entre los imputados del robo y de la difusión de los documentos, y los dos periodistas que los publicaron, muchos se han interrogado sobre la libertad de prensa, sobre cómo es reconocida en el Vaticano y sobre la nueva norma creada “ad hoc” después del caso «vatileaks» 1, que tuvo como protagonista al ex mayordomo de Benedicto XVI, Paolo Gabriele.  

Al respecto, el profesor Cesare Mirabelli, que fue juez de la Corte Constitucional italiana durante varios años y Presidente de la misma Corte, y quien en la actualidad es Consejero General del Estado de la Ciudad del Vaticano, dijo a los micrófonos de la Radio Vaticana que el que se está llevando a cabo no es un proceso contra la libertad de prensa: «No me lo parece de ninguna manera –dijo. La libertad de prensa está garantizada. El juicio que se debe dar es si estos documentos fueron adquiridos correctamente; si hay cosas que provienen de un delito, si hay una participación de los periodistas en la substracción ilegal (casi diría “delictiva”) de estos documentos».  

Entonces, según esta interpretación, no se juzga la publicación de las noticias, sino la manera en la que fueron adquiridos estos documentos. «Si esto constituye un delito –explicó Mirabelli—es este el delito que puede ser castigado. Y no significa que haya una prohibición o una limitación al periodismo de investigación, que también tiene un aspecto positivo pues saca a la luz puntos críticos que existen e informa, bajo este aspecto, a la opinión pública. Sin embargo, el periodismo de investigación no significa adquirir documentos cometiendo delitos para proceder a publicar información». 

 Teniendo en cuenta que se está hablando, por el momento, solo de una hipótesis de delito y que será el proceso quien establezca cuáles pruebas existen para confirmar la hipótesis o no, vale la pena subrayar dos elementos al respecto.   

El primero se relaciona con la adquisición de los documentos. Hoy en el aula se especificó, aunque de pasada, que esta se habría dado «brevi manu», es decir que la fuente habría entregado directamente al periodista las contraseñas gracias a las cuales poder acceder directamente, según parece, a los documentos. Este aspecto no parece nada secundario. Una cosa es, efectivamente, que el periodista reciba de la fuente información, noticias o documentos en formato impreso o electrónico, que fueron adquiridos por la fuente misma, que deberá responder sobre la manera en la que logró encontrarlos o eventualmente «robarlos». Otra cosa es si la fuente pone a disposición del periodista códigos de acceso y contraseñas que le permitan descargar directamente los documentos. A pesar de que no sabemos todavía lo que efectivamente sucedió, ambas acciones (recibir documentos y publicarlos explicando el contexto con un adecuado trabajo periodístico, o recibir contraseñas y usarlas para acceder directamente al archivo de los documentos) son muy diferentes. En el primer caso, el periodista no sustrae nada; en el otro, sí.  

Un segundo aspecto sobre el que se ha insistido poco tiene que ver con las llamadas presuntas «presiones» que, según lo que se lee en la disposición del juicio, habrían ejercido los periodistas sobre sus fuentes con el fin de obtener los documentos. Una acusación que los autores de los libros sobre las finanzas vaticanas rechazaron desde el principio. Está claro que una persona en las condiciones psicológicas de monseñor Vallejo Balda, que se sentía rodeado, amenazado y espiado, puede haber interpretado a su manera palabras o actitudes de las personas con las que estaba en contacto. Por lo que habría podido interpretar como presiones indebidas o incluso chantajes frases que no lo eran. Sorprende la noticia de hoy: la existencia de una pericia psiquiátrica a la que el mismo Vallejo Balda se sometió antes de ser arrestado. ¿Por qué tomó esta cautela? En relación con las eventuales responsabilidades de los autores de los libros, un aspecto importante del proceso se juega justamente sobre la existencia o no de pruebas que pudieran atestiguar las presuntas «presiones» citadas por los acusadores.