Más allá de los muertos y de la forma en que se llevó a cabo la ofensiva terrorista –al parecer, con un carro bomba–, el Atentado a la AMIA es, sin duda, el o uno de los ataques de mayor impacto contra judíos ubicados fuera de Israel después de la Segunda Guerra Mundial (WWII), tomando en cuenta, conjuntamente, que la Comunidad judeo-argentina está integrada por cerca de 300 mil personas –en ascenso–, de las cuales más del 80% viven en CABA, fuera de ser la séptima más grande del mundo

Desde entonces, el caso no ha dejado de ser noticia, al punto de convertirse en una maraña indescifrable y atiborrada de alteraciones e irregularidades por parte de la Justicia Argentina; tanto así, que en la actualidad se encuentra estancado y sin miras a mejorar. A casi 30 años de haber ocurrido, no ha sido enjuiciado ni encarcelado definitivamente ninguno de sus autores materiales e intelectuales, ni tampoco ninguno de los sospechosos. Además de que este, no ha sido el único atentado con un modus-operandi similar ejecutado sobre suelo albiceleste.

Dos años antes (1992), un camión-furgón cargado con explosivos chocó contra la fachada principal de la Embajada de Israel, provocando la muerte de 29 personas y dejando cerca de 240 heridos. Estos infortunados acontecimientos posicionaron a la Argentina como una de las dos naciones americanas –la otra es los Estados Unidos–, en ser víctima de la violencia del terrorismo fundamentalista de los nuevos tiempos

Pero, ¿Qué hay más allá? ¿Actores del gobierno de la Nación Argentina tuvieron que ver? ¿Por qué después de tanto tiempo la incertidumbre respecto a este caso crece, en lugar de que la situación se esclarezca? ¿Quién o quiénes perderían en el evento tal de que la verdad saliera a la luz? ¿Qué hay tras el atentado a la AMIA? Difícilmente yo pueda dar respuesta a estos interrogantes. Aun así, intentaré analizar el Atentado a la AMIA de la manera más objetiva posible.

El inicio: Causa AMIA I

Las primeras investigaciones del atentado procedieron días después a los hechos, en 1994, cuando, entre los escombros causados por la explosión, fue encontrado el motor de una camioneta Trafic. Su propietario: Carlos Alberto Telleldín, pasó a ser el primer detenido formal del caso.

Telleldín fue imputado por el juez de la causa, Juan José Galeano, y los fiscales Eamon Gabriel Müllen y José Carlos Barbaccia, por haber entregado el automotor utilizado para la explosión. Telleldín fue enjuiciado dos veces por dicho cargo y absuelto también las dos veces –estuvo detenido y puesto en libertad entre 1994 y 2004–.

Telleldín ofreció múltiples versiones, contradictorias entre sí, acerca de los sucesos en cada declaración que hizo desde 1994. Primero, afirmó haber vendido el vehículo a través de un aviso clasificado al señor Ramón Martínez; posteriormente, en 1996, declaró que lo había entregado a las Brigadas de Lanús y Vicente López de la policía bonaerense, por lo que los integrantes del cuerpo policial fueron detenidos a los pocos días.

El caso dentro del caso: la Causa Brigadas

Corría octubre de 1995. Durante esa época, se abrió la Causa Brigadas, la cual, investigaba a la policía bonaerense por presuntamente extorsionar a Carlos Alberto Telleldín. En dicho proceso judicial se recolectaron pruebas para imputar a policías y a su comisario a cargo, Juan José Ribelli (Para mayor información, dar clic AQUÍ), de tener participación en el atentado.

Sin embargo, en abril de 1997, el programa de televisión Día D, conducido por el periodista Jorge Lanata, divulgó un video en donde se exponía al juez encargado de las causas, Juan José Galeano, haciendo negociaciones con Telleldín. De acuerdo con el video, el magistrado recibió 400 mil dólares como pago por su declaración contra la policía de Buenos Aires; así las cosas, el funcionario judicial fue reemplazado y la Causa Brigadas perdió efectos en 2004, al igual que la causa AMIA I. La situación levantó tantas ampollas, que el mismo Lanata, junto al periodista norteamericano Joe Goldman, escribieron Cortinas de Humo: una investigación independiente sobre los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA (Planeta Argentina, 1994).

Una vez anulado el juicio, el entonces presidente de Argentina, Néstor Kirchner, resolvió crear una cuerpo especial de fiscalía a fin de investigar el atentado a la AMIA. Se designó como su titular a Alberto Nisman, haciendo las veces de fiscal en la causa desde 1997.

Irán entra en escena

En 2006, Nisman presentó un dictamen donde acusaba formal y explícitamente a la República Islámica de Irán de ser el autor intelectual del atentado, y a la organización terrorista libanesa Hezbolá de ser su autor material. El dictamen fue elaborado con base en informes provistos por la Secretaría de Inteligencia (SI) de la República Argentina, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos y la Agencia de Inteligencia israelí, Mosad.

La Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) reconoció el dictamen de Nisman y emitió una orden de captura –las llamadas alertas rojas– para entre cinco y siete exfuncionarios iraníes y otros miembros operativos de Hezbolá

Entre los iraníes implicados destacan los nombres de: Ahamad Vahidi, ministro de Defensa iraní en ese momento, y exjefe de la Guardia Revolucionaria; Alí Fallahian, exministro de Seguridad; Mohsen Rezai, excomandante de la Guardia Revolucionaria; Mohsen Rabbani, exagregado cultural de la Embajada de Irán en Buenos Aires; y Ahmad Reza Ashgari, exsecretario de la sede diplomática en mención.

Irán sostiene que los EEUU e Israel siempre han querido involucrar a Argentina en un complot en su contra, llegando al punto de declarar que el ataque contra la AMIA fue un “autoatentado” de los israelís; hasta ahora se ha negado a entregar a los sospechosos y mucho menos ha permitido que sean interrogados 

La maraña argentina: Causa AMIA II

La causa AMIA II surgió para “acabar” con el entramado de encubrimientos durante los primeros diez (10) años de la causa AMIA I, siendo en marzo de 2011 elevada a juicio oral. El proceso se enfocó en dos hechos: 1) La interrupción de las investigaciones, y 2) el pago de 400 mil dólares de la SI a Carlos Alberto Telleldín por ofrecer falsas declaraciones e incriminar a la policía bonaerense.

El primer hecho tuvo –tiene– como acusados al expresidente Carlos Saúl Menem (absuelto en 2019); el juez Juan José Galeano; los exsecretario y subsecretario de Inteligencia, Hugo Alfredo Anzorreguy y Juan Carlos Anchezar, respectivamente; y los excomisarios federales Carlos Antonio Castañeda y Jorge Alberto Palacios (Fuente AQUÍ). En el segundo, la acusación recae también sobre Galeano, Anzorreguy y Telleldín; así como sobre los exfiscales Müllen y Barbaccia; el expresidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Rubén Ezra Beraja; el exagente de Inteligencia, Patricio Miguel Finnen; y la expareja y abogado de Telleldín, Ana Boragni y Víctor Stinfale, correspondientemente (Fuente AQUÍ). Del mismo modo, existen otras personas procesadas por encubrimiento que no alcanzaron a ingresar a juicio, como lo fueron el exministro del Interior, Carlos Corach, y el exsubsecretario de Seguridad de Buenos Aires, Federico Domínguez.

El juicio, al final, resultó siendo un show mediático y exhibiendo una plétora de alteraciones e irregularidades efectuadas durante la instrucción de la causa que investigó el atentado y que no condujo a nada.

¿Sofismas de distracción? O ¿Hechos no aislados?Las denuncias contra el Estado

En 1999, la ONG Memoria Activa levantó una causa contra el Estado Argentino por la violación del derecho a la vida y a la integridad física de las víctimas y por entorpecer la consecución de la justicia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Luego, en 2005, se publicó el Informe Grossman, donde se destacaron las irregularidades cometidas por el Estado Argentino durante la investigación, por lo que, Néstor Kirchner, aceptó la responsabilidad de éste y se comprometió con una serie de reparaciones que, a la fecha, no se han cumplido; por ejemplo, la transparencia de los fondos reservados de la SI, la promoción de juicios políticos a los funcionarios implicados en el caso, el tratamiento de una ley de resarcimiento para los familiares de las víctimas (votada por el Congreso de la República en 2015), entre otras.

No obstante, la maraña sin fin que es este caso, volvió a tomar un giro inesperado tras la llegada al poder de Cristina Fernández de Kirchner (CFK), en 2007.

El “memorándum de entendimiento”

En septiembre de 2009, la jefa de Estado exhortó a Irán para extraditar a los exfuncionarios cuestionados durante un discurso que dio ante la Asamblea General de la ONU. Empero, tres años más tarde, durante su segundo mandato, sorprendió con el anuncio de una nueva estrategia para llevar ante la justicia a los sospechosos iraníes.

CFK dijo que firmaría un “memorándum de entendimiento” con Irán para intentar avanzar en la causa. Este pacto se firmó en enero de 2013 en Etiopía, y preveía la creación de una “Comisión de la Verdad” integrada por cinco juristas internacionales –dos elegidos por cada país y un quinto consensuado– con el propósito de analizar las investigaciones sobre el atentado. Dicho memorándum también estipulaba que la Justicia Argentina interrogaría en Irán a los cinco imputados que están requeridos por INTERPOL 

Un mes más tarde, el Congreso Argentino –con mayoría kirchnerista– aprobó el acuerdo atribuyéndole el rango de tratado internacional; más el Parlamento Iraní nunca trató el asunto, por lo que el pacto no entró en rigor.

Ello no evitó la controversia que generó el memorándum, tanto para las entidades representativas de la Comunidad Judía como para todos los partidos de oposición, quienes, a la postre, rechazaron el acuerdo. La Justicia de Argentina les concedió la razón, y en mayo de 2014, declaró el memorándum inconstitucional por considerar que se estaba renunciando a la propia jurisdicción para juzgar a los iraníes en una comisión extrajudicial

El asesinato de Nisman

Veinte (20) años, seis meses y 15 horas después del peor atentado en la historia de Argentina, los familiares de las 85 víctimas mortales del ataque recibían otro golpe que los dejaría en shock. El fiscal Alberto Nisman, la persona elegida para arrojar luz sobre el ataque a la AMIA, había fallecido en extrañas circunstancias.

“La muerte de Alberto Nisman nos impactó, lo que uno menos pensaba es que iba a aparecer muerto en su baño. Esto suma un retraso a la causa, volvemos para atrás, es difícil que un fiscal quiera asumir su lugar en este momento”, afirmó en entrevista exclusiva para BBC News, Adriana Reisfeld, hermana de Noemí, víctima del atentado, y titular de la ONG Memoria Activa (Fuente AQUÍ). “En Francia, en Atocha, en Londres, en las Torres Gemelas… Todos los atentados fueron resueltos menos acá, porque acá no hubo voluntad política. […] Nosotros queremos que se sepa la verdad. Caiga quien caiga”, recalcó.

En la misma entrevista, Luis Czyzewski, padre de Paola, otra víctima del atentado, dijo: “Los poderes públicos en Argentina están en deuda con los muertos, con los familiares, pero sobre todo con el país. La deuda es que todavía no sabemos la verdad. Le tienen que dar una respuesta a la Sociedad Argentina, y esa respuesta no llega. […] Yo conocí muy bien a Nisman como lo conocimos todos los familiares. Si uno evalúa el trabajo que él hizo, mi evaluación es que fue bueno, llegó a determinar lo que fue la conexión internacional del atentado, la responsabilidad de Irán, tuvo avances y trabajos que fueron positivos. ¿Si llegó a donde a uno le gustaría que llegue? Obviamente no. […] Yo estoy absolutamente en contra de lo que fue la firma del memorándum con Irán, creo que fue un error diplomático de la Argentina que no iba a aportar absolutamente nada. ¿Cuál fue el motivo por el que ese país dice que va a firmar un acuerdo para colaborar y avanzar? Hoy está probado que no sirvió”.

Aunque CFK y los acusados aseguraron que el “memorándum de entendimiento” no contemplaba eliminar los pedidos de captura de INTERPOL, y a pesar de que la Justicia Argentina originalmente desechó la denuncia de Nisman, todo cambiaría después de su muerte el 18 de enero de 2015; ese día fue hallado sin vida en su casa con un tiro en la cabeza cuando, curiosamente, 24 horas más tarde debía presentarse ante el Congreso para mostrar las evidencias con las que fundamentaba su acusación en contra de Irán

Su muerte, catalogada en un inicio como un suicidio, fue declarada homicidio años más tarde –era más que obvio–. El rabino que presidió el sepelio de Nisman en 2015 dijo que él había sido “la víctima 86 del atentado de la AMIA”.

La maraña iraní: sobre sus más destacados implicados

El 11 de agosto de 2021, Ahmad Vahidi fue elegido por el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, como ministro del Interior de esa nación, hecho considerado como una “afrenta” por el gobierno de Alberto Fernández –y eso que Fernández es uno de los lacayos de CFK–. El general iraní, ministro de Defensa entre 2009 y 2013 y antiguo comandante de la Guardia Revolucionaria, fue acusado en su momento por ser uno de los autores intelectuales del atentado terrorista contra la mutual judía AMIA (Fuente AQUÍ). Vahidi tiene desde 2007 un pedido de captura internacional, pero Argentina nunca ha podido siquiera interrogarlo; el personaje mencionado fue además jefe de la Fuerza Quds en la época que se perpetró el atentado (18 de julio de 1994).

Por otra parte, El exagregado cultural de la Embajada de Irán en CABA, Mohsen Rabbani, volvió a ser noticia a principios de 2020 cuando aseveró que el fallecido fiscal Alberto Nisman había sido asesinado y que “la verdad se ocultaba” detrás de las circunstancias de su muerte. Según la investigación que había realizado Nisman, el exdiplomático fue acusado como sospechoso de planificar el atentado; debido a esa imputación, cuenta con una orden de captura internacional de parte de INTERPOL y figura como prófugo en el país. Rabbani nunca se ha presentado ante la Justicia Argentina para ser indagado y ha asegurado repetidas ocasiones que no lo hará. Es, entre otros, cercano a algunos militantes del kirchnerismo como Luis D’Elía y Fernando Esteche

De acuerdo a la investigación de Nisman, a Rabbani se le vincula por “haber brindado todas las facilidades para obtener el carro utilizado en el atentado, el lugar donde esconderlo y lo concerniente al armado de la bomba detonada”. Al parecer fue fotografiado meses antes del atentado en varios concesionarios del barrio de Flores en CABA en búsqueda de camionetas; por ello, está apuntado como un actor central en la preparación y ejecución del atentado.

¿Habrá justicia?

A 28 años del peor atentado llevado a cabo sobre suelo albiceleste, los familiares de las víctimas se mantienen en su anhelo de que se haga justicia. Sin sospechosos ni culpables comprobados plenamente, y pese a todos los argentinos involucrados, desde Telleldín, pasando por los funcionarios del gobierno implicados, hasta Rubén Ezra Beraja, sumado el hecho del asesinato de Nisman, otras denuncias por encubrimiento y el peculiar proceder de CFK en el caso –bastante complaciente a mi juicio–, es casi concluyente que el atentado fue ejecutado por Hezbolá bajo órdenes de la República Islámica de Irán, por más que ellos siempre lo hayan negado.

En una entrevista con la BBC en 2015, el entonces ministro de Relaciones Exteriores de la Nación Argentina, Héctor Timerman –quien falleció a finales de 2018– subrayó porqué es tan difícil lograr avances en la causa AMIA: “Creemos que alguna gente en Irán cometió un crimen en Argentina, (pero) hay una ley que dice que ningún iraní será extraditado a otro país”. Evidentemente, la principal dificultad para juzgar a los responsables refiere a esa ley que establece que nadie de Irán podrá ser extraditado a otro país; por eso fue que se buscó, durante el gobierno de Mauricio Macri, incorporar la figura del juicio en ausencia de los responsables del atentado de la AMIA en el Código Penal de Argentina

Lo anterior, constituyó una “condena simbólica” a falta de una condena judicial, dificultando el accionar del grupo acusado de estar detrás del mayor atentado cometido en la Argentina.

Para ir cerrando, se puede alegar, casi a ciencia cierta, que los iraníes se valieron de la cobertura diplomática en Argentina para organizar y proporcionar los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades terroristas en contra de la AMIA. De acuerdo con la Justicia Argentina, la investigación da por sentada la relación, por ejemplo, de Mohsen Rabbani con miembros de Hezbolá. ¿Qué sigue ahora? Habrá, al fin ¿Justicia? ¿Las víctimas serán reparadas? ¿Tanto los argentinos como los iraníes involucrados, serán enjuiciados y encarcelados? ¿Se continuará permitiendo que Hezbolá y el gobierno de Irán sigan haciendo a sus anchas? Yacemos en riesgo, porque, más allá de la amenaza del colectivismo social-comunista que nos respira en la nuca en toda la región (América Latina), se encuentra la de uno de sus peores aliados: el fanatismo extremista islamita.