La organización musulmana Consejo de Relaciones Islámico-Americanas (CAIR, por sus siglas en inglés), anunció el pasado lunes 30 de enero la presentación de una nueva demanda contra la Administración Trump por la orden ejecutiva que veta a inmigrantes y refugiados de varios países musulmanes. La denuncia de inconstitucionalidad, presentada en un juzgado federal de Virginia en nombre de 20 inmigrantes legales de los países afectados por el veto, se suma a las presentadas por la organización de derechos civiles ACLU, que logró las suspensión temporal de las deportaciones desde el sábado, y la presentada por el Estado de Washington.

Al mismo tiempo que anunciaban esta demanda, los musulmanes del sur de California recibían este lunes el apoyo de organizaciones de defensa de los inmigrantes latinos, sindicatos y varios rabinos judíos, en un ejemplo de la cantidad de organizaciones y sensibilidades que la orden de Trump está galvanizando en torno a acciones de protesta por todo el país.

“Hoy todos somos musulmanes”, dijo Ana Briceno, del sindicato de servicios Local 11 y miembro de una mesa de colaboración entre latinos y musulmanes formada nada más asumir Trump la presidencia. Briceno participaba en un acto conjunto con los líderes de CAIR en su sede de Anaheim. “Trump ha avergonzado la herencia de Estados Unidos”, dijo Briceno.

“Estamos con nuestros hermanos musulmanes”, dijo Angélica Salas, directora de CHIRLA, la organización de defensa de los inmigrantes más activa del sur de California. “Nosotros sabemos lo que es estar perseguidos por inmigración y que no te dejen entrar en el país. Defenderemos los derechos de nuestros hermanos musulmanes con la misma ferocidad que los nuestros”, dijo Salas, que hizo un advertencia sobre futuras medidas de Trump: “Si esto le pasa a gente que tiene visado, ¿podéis imaginar lo que les va a pasar a los indocumentados?”.

El rabino Steve Einstein dijo en Anaheim, al sur de Los Ángeles, que “este país debe ser un lugar seguro para los que huyen”. La escena en la sede de CAIR, donde estaban también ACLU y el sindicato de servicios SEIU, venía a resumir la enorme oposición que la orden de Trump ha generado en California, desde las instituciones más altas hasta todo tipo de organizaciones de base.