Monseñor Rodrigo Urbina llegó a tiempo al aeropuerto de Miami el viernes 27 de enero para tomar el avión que lo llevaría de regreso a Nicaragua, donde es párroco de la iglesia San Juan Bautista, un templo enclavado en el barrio indígena de Sutiaba en la ciudad de León. Todo marchaba bien hasta que los dependientes de la aerolínea le notificaron que las autoridades de su país, es decir el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, no habían permitido su ingreso. No pudo abordar y desde ese momento el religioso quedó desterrado, presa de una medida represiva que otros sacerdotes ya han experimentado en los últimos meses, en medio de la persecución religiosa que la pareja presidencial mantiene contra la Iglesia católica.

El destierro de monseñor Urbina ha sido confirmado por fuentes eclesiales, entre ellas el vicario general de la Arquidiócesis de Managua, monseñor Carlos Avilés, una de las pocas voces pastorales que aún responde las consultas de los periodistas en un ambiente de terror para los religiosos católicos. Los párrocos sufren sistemático hostigamiento policial y judicial por criticar las violaciones a los derechos humanos por parte del oficialismo desde abril de 2018, cuando policías y paramilitares cometieron una matanza de más de 350 personas, el saldo más fatal de una represión muy variada y encarnizada.

El temor difícilmente se matiza en las iglesias y hasta en los seminarios. El pasado 29 de enero, durante la misa dominical, el Cardenal Leopoldo Brens dijo en el púlpito que “un grupo” de neocatecúmenos extranjeros recientemente ordenados sacerdotes pidieron regresar a sus países de origen. “El cardenal no tiene que decir las razones, pero evidentemente esos hermanos recién ordenados no quieren prestar servicios bajo estas circunstancias”, dijo una fuente católica que pide anonimato.

Ni la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) ni el Vaticano han dicho cuántos sacerdotes —como monseñor Urbina, quien tampoco ha respondido a las consultas de EL PAÍS— han sido desterrados. Mucho menos el número de párrocos que se han exiliado para escapar de la persecución religiosa. De acuerdo a un recuento hecho por EL PAÍS sobre los casos denunciados públicamente, hasta la fecha cinco sacerdotes han sido desterrados. Mientras que 10 religiosos (un obispo, ocho sacerdotes y un seminarista) han huido de Nicaragua. Sin embargo, defensores de derechos humanos y hasta el titular de la Diócesis de Danlí en Honduras, monseñor José Canales, creen que el número de sacerdotes y religiosos católicos es mayor.

En septiembre pasado, Canales le dijo al diario La Prensa —cuya redacción fue confiscada por los Ortega-Murillo— que ha tenido intercambios vía electrónica “con sacerdotes en situación de riesgo”. “Ellos me han hablado de otros compañeros y el cálculo que yo hago es que unos 50 sacerdotes están con la idea de salir de Nicaragua porque ya no soportan el acoso”, dijo. La mayoría, continuó el obispo de Danlí, piensan solicitar refugio en Costa Rica y Honduras.

En San José, la capital costarricense, el abogado Gonzalo Carrión dijo a El PAÍS que desde su organización, Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, dan acompañamiento a dos sacerdotes exiliados cuyos nombres se mantienen en reserva. “No te puedo hablar de una cifra, pero hay muchos casos que no se denuncian por temor”, afirma Carrión, también perseguido y exiliado.

“Vemos un desplazamiento forzado de sacerdotes y personas relacionadas a la Iglesia católica. Es la continuación de los crímenes de lesa humanidad en Nicaragua. Esto ha dado pie al estado de terror que se vive, perpetrado por un régimen totalitario que en 2022 aplicó cárcel a sacerdotes y privó de su libertad a un obispo”, agrega Carrión. “El año pasado Nicaragua vivió un desplazamiento forzado nunca visto; miles y miles de ciudadanos de todos los territorios que se han ido hacia Estados Unidos y Costa Rica, entre ellos personas que se declaran exiliados. Los sacerdotes no han escapado de esta tragedia”.

Un obispo enjuiciado

El caso de exilio forzado más conocido es el del obispo Silvio Baéz, quien se estableció en Miami desde abril de 2019. Pero ahora se suman otros, como el del padre Uriel Vallejos, quien solicitó refugio en Costa Rica, después de huir de la cacería que la policía inició contra la diócesis de Matagalpa y sus iglesias en agosto de 2022. En ese contexto de persecución fue capturado el obispo Rolando Álvarez, el integrante de mayor rango de la Iglesia católica que hasta ahora ha sido sometido a un juicio político por cometer los supuestos delitos de “menoscabo a la integridad nacional” y “propagación de noticias falsas”, mientras el régimen giró un oficio de captura contra Vallejos a la Interpol.

Álvarez es una de las voces destacadas de la Iglesia católica en Nicaragua, y azote moral contra el régimen sandinista. El prelado es mantenido bajo casa por cárcel y los Ortega-Murillo le ofrecen destierro a cambio de su libertad. Sin embargo, el obispo se ha negado rotundamente a irse de su patria, razón por la cual el juicio se ha alargado y continúa en el limbo. Semanas atrás, el presidente de la CEN, el obispo Carlos Herrera, reveló que la Santa Sede inició “conversaciones” con el régimen sandinista para abordar la situación del obispo de Matagalpa, pero por el momento no han trascendido más detalles. No obstante, las relaciones de Managua con el Vaticano están “en punto muerto” desde que el nuncio Monseñor Waldemar Stanislaw fue expulsado de Nicaragua en marzo de 2022.

El pasado 26 de enero, la justicia sandinista declaró “culpables” a cuatro sacerdotes, dos seminaristas y un laico que fueron apresados junto al obispo Álvarez. La Fiscalía pide una condena de 10 años de cárcel por el delito de “conspiración”. Mientras tanto, el acoso en las parroquias se mantiene. La abogada Marta Patricia Molina ha documentado desde 2018 al menos 396 ataques contra el catolicismo por parte del régimen, de los cuales 140 se han dado en el año 2022.

Los ataques registrados incluyen ofensas, profanaciones de templos, insultos y amenazas de muerte, ataques armados, encarcelamientos, prohibición del culto y actividades religiosas, a lo que se suma el exilio. “Obligar al destierro a cualquier persona es una grave vulneración de los derechos humanos. La Constitución Política de Nicaragua garantiza la entrada y salida de los nacionales libremente. Me encuentro realizando la tercera entrega de ‘Nicaragua:¿una iglesia perseguida?’, y es evidente que este año será más nefasto que el anterior. La dictadura no da tregua alguna a los religiosos”, dijo Molina a EL PAÍS.

La abogada alerta que el acoso continúa y se ha extendido contra los laicos y a aquellos que pertenecen a grupos parroquiales que viven en el interior del país. “Los policías les han detenido momentáneamente para preguntarles acerca de las actividades que ellos como laicos realizan”, denuncia Molina.