Por ANDRÉS BELTRAMO ÁLVAREZ - CIUDAD DEL VATICANO

“Adelante con coraje”. Palabras usadas por el Papa para animar a jueces y fiscales argentinos que lo saludaron en la Plaza de San Pedro algunos días atrás. Consideró su labor “difícil” e “importante”. No fue un saludo casual, sino el símbolo de una preocupación de Francisco. Preocupación en sentido positivo. Él quiere que su país avance contra la impunidad, la de ayer y la de hoy. Por eso, en un gesto emblemático, dio su visto bueno a un seminario vaticano con algunos de los magistrados responsables de los casos más candentes de la justicia argentina.

“El Papa está preocupado por el tema de la justicia en general, su mensaje es universal”, aclaró Roberto Carlés, abogado y “facilitador” de ese saludo en la Plaza vaticana. Pero reconoció que dicho discurso tiene aplicación en Argentina. Gracias a él, que conoce a Bergoglio de su juventud en Buenos Aires, la delegación de 18 juristas pudo intercambiar algunas palabras con el líder católico el 4 de mayo, al margen de la audiencia pública semanal.

Del grupo destacaron los presidentes del Consejo de la Magistratura, Miguel Piedecasas; de la Cámara Federal de la Casación Penal, Alejandro Slokar; de la Cámara Nacional de Casación en los Criminal y Correccional, Horacio Dias; y de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Rodolfo Pociello Argerich. A cada uno Francisco saludó de mano.

Ellos le entregaron un crucifijo tallado por mujeres privadas de la libertad en el Penal de Ezeiza, a las afueras de Buenos Aires. Un regalo artesanal, realizado por madres recluidas con sus hijos y embarazadas. Con la cruz también le dieron varias cartas de las mujeres. “Él nos dijo que reza por nosotros, porque como magistrados tenemos una labor tan importante como difícil. Fue un día muy intenso”, confesó Slokar tras el encuentro.  

“El Papa usó la palabra coraje, hay que tener mucha valentía para hablar de los privados de la libertad, de sus necesidades, que tengan oportunidades reales de volver a la sociedad y es algo que hoy en día la sociedad argentina no entiende muy bien, son personas que realmente necesitan nuestra ayuda y nuestro compromiso”, agregó visiblemente emocionada María Jimena Monsalve, juez de ejecución penal.

Todos ellos participaron, tras la audiencia papal, en la presentación del libro “Por una justicia realmente humana” en la sede de la Universidad Roma Tres. El texto compila varios discursos de Francisco a juristas, entre otros a los miembros de la Asociación Internacional de Derecho Penal de la cual Carlés es miembro.

Durante la semana que estuvo en Roma Carlés se hospedó en la Casa Santa Marta, donde reside el mismo Papa. Y tuvo varios diálogos privados con él, de los cuales no quiso revelar el contenido.

El abogado, cuya candidatura a juez de la Suprema Corte de Justicia de Argentina naufragó como consecuencia de la ríspida polarización política, estuvo en Santa Marta muchas veces. Y, con sus gestiones, le dio la oportunidad al pontífice de intervenir en el debate jurídico internacional.

En junio de 2014 Carlés fue el emisario de una carta de Bergoglio para el XIX Congreso de la Asociación Internacional de Derecho Penal. En esa misiva, el Papa aseguró que “el gran reto a cumplir en materia de seguridad no contentarse con reprimir, disuadir y aislar a los que causaron mal sino ayudarlos a recapacitar y transitar por las sendas del bien”. Conceptos que repitió el 23 de octubre de ese año, en un largo discurso que pronunció ante mismos de esa misma asociación que lo visitaron en el Vaticano.

Para Carlés, el pendiente fundamental de la justicia argentina es la reforma procesal penal. Un asunto que ha desatado pasiones en el pasado reciente: “Cada reclamo de justicia no puede llegar a buen puerto si no se tiene un sistema penal eficiente, esto nos involucra a todos sin distinción política. Muchos de los problemas que tiene el sistema penal son porque se tiene un sistema vetusto”, precisó en entrevista.

Y agregó que “la agenda del Papa para la justicia es muy amplia”, con temas vinculados a la violencia institucional, la pena de muerte, el apoyo a los detenidos que recuperan su libertad además de la trata de personas, la ecología, la corrupción y la impunidad. “Es muy positivo que se mantenga amplia y no se circunscriba sólo a algunos temas que podrían ser utilizados por coyunturas políticas”, subrayó.

En eso coincidió Alejandro Slokar, para el cual la principal deuda de la justicia argentina es la de “rescatar notas centrales de independencia, no sólo con respecto a los poderes formales instituidos sino también de los poderes fácticos”. Y apuntó: “La condición del juez debe ser de imparcialidad, en ese sentido se requiere una urgente independencia”.

Algo que también está en la mente del Papa. Por eso resulta significativo que la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales haya convocado a algunos de los jueces y magistrados que llevan los casos de corrupción más sonados de los últimos tiempos. Ellos participarán en la “Cumbre de jueces sobre la trata de personas y el crimen organizado”, prevista para los días 3 y 4 de junio en la Casina Pío IV, en el corazón del Vaticano.

Entre otros, dos de los jueces a cargo de las causas de alto vuelo mediático y que desvelan a la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner: Sebastián Casanello, quien encarceló por acusaciones de lavado de dinero al empresario Lázaro Báez, amigo y socio de la familia Kirchner; y Julián Ercolini, a cargo del caso Hotesur, por supuestos delitos en la gestión de hoteles propiedad de la ex mandataria.

Con ellos estará también el juez federal Ariel Oscar Lijo, responsable del caso “Ciccone” por el cual está procesado el ex vicepresidente de Fernández de Kirchner, Amado Boudou. Y María Romilda Servini de Cubria, quien investiga desvío de recursos en un programa clave del anterior gobierno, “Fútbol para todos”.

Además de los jueces Miguel Eugenio Abásolo, Sergio Gabriel Torres, Carlos Alberto Vera Barros y los fiscales Marcelo Luís Colombo, Gabriel de Vedia, Daniel Eduardo Adler, Federico Delgado y Diego Sebastián Luciani. Susana Ester Medina de Rizzo, ministra del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos y Julio Piumato, secretario general de la unión de Empleados Judiciales de la Nación.