En una nota enviada al secretario de Derechos Humanos de la Nación,Horacio Pietragalla Corti, el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen manifiesta su inquietud por los hechos acontecidos en la provincia de Formosa, que vulneran los derechos de los Pueblos Indígenas en tiempos de pandemia. Asimismo, brega por una pronta resolución de los conflictos y el verdadero cumplimiento de las normas establecidas.

“En virtud del acompañamiento que realizamos desde el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), agradecemos su atención y escucha al Equipo Diocesano de Pastoral Aborigen de Formosa junto a otras organizaciones, el día 30 de enero pasado, los cuales lo pusieron en conocimiento de la situación que aqueja a las Comunidades Indígenas en esa provincia”, expresan en el comienzo de la nota.

“Asimismo, insistimos en la preocupación del escenario que atraviesan los Pueblos Indígenas en Formosa en la emergencia sanitaria provocada por el Coronavirus.

La situación pública, informada por distintos medios de comunicación, referente a traslados violentos, nocturnos y sin la debida información con el fin de alojar personas en Centros de Atención Sanitaria resulta un alarmante sin precedentes”, advierten.

“La sola idea del maltrato de forma represiva y discriminatoria a los indígenas es reprochable. Es por ello que, dada su visita para inspeccionar la región, le pedimos el urgente dictado de las recomendaciones que garanticen el derecho a la salud, integridad física y psicológica, a no sufrir tratos crueles, inhumanos y degradantes, a la libertad personal, a la privacidad e intimidad, a recibir un trato digno, a no ser discriminados y a la vida”, exhortan.

“La política sanitaria debe cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos de buenas prácticas, sin exponer a las personas a situaciones de encierro compulsivo ni arbitrario y sin que contengan acciones que violen sus derechos. La naturaleza del accionar estatal no debe ir en contra de la voluntad de los pacientes, y los mecanismos a través de los cuales se implementan deben garantizar derechos no vulnerarlos. La privación de la libertad personal de forma arbitraria, sin plazos, configurará un grave y nefasto antecedente”, alertan.

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Por ello, apelan al cumplimiento de la Resolución 1/20 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) titulada “Pandemia y Derechos Humanos en las Américas”, de la Declaración 1/20 de la CIDH denominada “Covid-19 y derechos humanos: los problemas y desafíos deben ser abordados con perspectiva de derechos humanos y respetando las obligaciones internacionales” , de la Resolución de “Directrices Esenciales para incorporar la Perspectiva de Derechos Humanos en la atención a la pandemia por covid-19” dictada por la ONU, entre otros instrumentos, considerando la vigencia de la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, la supremacía constitucional argentina en su manda legal de los Art. 75 inc. 17, Art. 75 inc. 22 y Art. 31.

“Ello en virtud que la salud no depende solo de la capacidad de acceder a los cuidados sanitarios, sino también del acceso a la información. La pandemia se debe combatir de forma tal que las consecuencias no resulten devastadoras en términos de violación de derechos humanos, puesto que el cumplimiento de éstos no resulta una opción sino una obligación”, destacan.

“Debido a esta preocupación, la presente se envía con la premura y urgencia que implica la situación de emergencia que atraviesan las Comunidades Indígenas de la provincia de Formosa”, concluyen.

La carta tiene fecha 12 de febrero de 2021 y está firmada por la coordinadora nacional del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, María Josefa Ramírez.