Es en el marco de la causa por la muerte y desaparición de una veintena de ciudadanos italianos durante la coordinación represiva de las últimas dictaduras militares del Cono Sur en las décadas de 1970 y 80.
Por Elisabetta Piqué
En una sentencia que causó gran sorpresa, la Justicia italiana condenó hoy a cadena perpetua a 8 ex militares sudamericanos -entre los cuales están los ex presidentes Luis García Meza (de Bolivia) y Francisco Morales Bermúdez (de Perú)-y absolvió a otros 19 por la muerte y desaparición de una veintena de ciudadanos italianos durante el Plan Cóndor, como se conoció a la coordinación represiva de las últimas dictaduras militares del Cono Sur en las décadas de 1970 y 80.
De los 27 imputados, entre los cuales hay ex jefes de Estado, oficiales, agentes de policía y de los servicios secretos chilenos, uruguayos, bolivianos y peruanos -si bien la fiscalía había pedido en octubre pasado cadena perpetua para casi todos-, la mayoría fue absuelta. El tribunal de Roma -presidido por Evelina Canale y formado por jueces populares- , condenó a los chilenos Hernán Jerónimo Ramírez y Rafael Ahumada Valderrama, el uruguayo Juan Carlos Blanco, los bolivianos Luis García Meza y Luis Arce Gómez y los peruanos Francisco Morales Bermúdez, Pedro Richter Prada y Germán Ruiz Figueroa.
Por otro lado, absolvió a los chilenos Pedro Octavio Espinoza Bravo, Daniel Aguirre Mora, Carlos Luco Astroza, Orlando Moreno Vásquez y Manuel Abraham Vásquez Chauan; el peruano Martín Martínez Garay y los uruguayos José Ricardo Arab Fernández, Nino José Horacio Gavazzo, Juan Carlos Larcebeau, Pedro Antonio Mato Narbondo, Luis Alfredo Maurente, Ricardo José Medina Blanco, Ernesto Avelino Ramas Pereira, José Sande Lima, Jorge Alberto Silveira, Ernesto Soca, Jorge Néstor Troccoli, Gilberto Vázquez Bissio y Ricardo Eliseo Chávez.
Después de casi dos años de debates, 60 audiencias y el desfile de decenas de testigos, expertos, familiares y compañeros de prisión de las víctimas, sorprendió especialmente la absolución del uruguayo Jorge Troccoli, torturador que escapó de su país y, gracias al pasaporte italiano que obtuvo por un bisabuelo, se instaló a vivir apaciblemente como un jubilado más en Marina de Camerota, en provincia de Salerno, al sur de Italia, para eludir la justicia de su país. Troccoli, el único acusado no ausente, incluso apareció en una de las audiencia del aquí llamado "Proceso Cóndor", que tuvo lugar en el Aulu Búnker de la cárcel de Rebibbia.
"Es sorprendente que Troccoli haya sido absuelto", comentó a LA NACION Jorge Ithurburu, abogado experto en derechos humanos que sigue desde años este tipo de jucios, titular de la Asociación 24 de Marzo. "Estoy contento por América latina porque fue condenado el Plan Cóndor, pero confieso también mi perplejidad. Los bolivianos y los peruanos están festejando porque en Bolivia y en Perú nunca se había hablado de desaparecidos, pero los uruguayos están enojados. Evidentemente aquí condenaron a las cúpulas militares y absolvieron a los ejecutores materiales, algo que no esperábamos", agregó.
María Victoria Moyano, nieta recuperada nacida en el Pozo de Banfield, cuya madre uruguaya, María Asunción Artigas y su padre argentino, Alfredo Moyano, siguen desaparecidos, adelantó a LA NACION que apelará la sentencia, que consideró totalmente injusta. "Es una vergüenza que queden absueltos 13 de los 14 imputados uruguayos. Realmente, viajé de la Argentina para estar presente para este fallo y me voy indignada", dijo a LA NACION. "Tengo 39 años, vine para saber qué pasó, porque sigo sin saber el destino de mis padres y veo que acá también prima la impunidad, pero seguiremos en la lucha", agregó.
Moyano también criticó la presencia, durante el fallo, del vicepresidente de Uruguay, Raúl Sendic, que, como ella, viajó especialmente para la ocasión. "El vicepresidente vino diciendo que apoyaba el juicio y la condena de los genocidas, pero en el país no podemos iniciar un juicio para para conocer el destino de nuestros padres desaparecidos", lamentó.
El juicio "Cóndor" comenzó el 12 de febrero de 2015 después de que el fiscal Giancarlo Capaldo pidió procesar 34 imputados, entre los cuales se destacaban los generales chilenos Manuel Contreras, jefe de la policía secreta de Augusto Pinochet y de Sergio Arellano Stark, que lideró la matanza conocida como la Caravana de la muerte, ambos fallecidos durante el proceso, como otros tres imputados.
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