En la 9 edición del Encuentro de Parlamentarios del continente, organizado en Buenos Aires por el Congreso Judío Latinoamericano (CJL), representantes de las naciones debatieron sobre el funcionamiento de las normativas en sus países de origen para encontrar puntos en común y lograr que estas sean más efectivas.

En la apertura oficial del acto, el presidente del CJL, Adrián Werthein, reclamó que se adopten modelos europeos frente a este problema internacional, y puso como ejemplo la inmediatez de las detenciones producidas tras los últimos ataques yihadistas en el Viejo Continente.

La reunión tuvo lugar en la víspera del 23 aniversario del atentado contra la mutua judía AMIA de Buenos Aires, que dejó 85 muertos en 1994 y sigue impune, y en ella los ponentes exigieron también avances en la investigación de aquella matanza.

El presidente del CJL valoró como “negativo” el papel de los últimos gobiernos argentinos en relación a la investigación sobre el atentado del AMIA, con “etapas en que no fue muy efectiva y etapas con un poco más de movimiento”, pese a mostrar su satisfacción por el “importante compromiso” mostrado por Macri en este punto.

El embajador de Israel en Argentina, Ilan Sztulman, lamentó que Irán, país al que apuntó como culpable del ataque, continúe teniendo relaciones diplomáticas con todos los países de América Latina e, incluso, su situación internacional esté “mejorando”, mientras “sigue cometiendo actos de terror”.

No obstante, dedicó palabras de agradecimiento al presidente de Argentina, Mauricio Macri, por la cercanía y compromiso que a su juicio demostró su Gobierno con el estado israelí.

El titular de la unidad especial de investigación de la causa del AMIA, Mario Cimadevilla, pidió que se acabe con la tradición jurídica argentina que impide llevar a cabo un juicio en ausencia de los acusados, ya que los sospechosos del caso residen en Irán, país que se niega a colaborar con la investigación.

Cimadevilla, de la Unión Cívica Radical, puso en duda la “dedicación” del anterior Gobierno (presidido por Cristina Fernández) en el caso, y criticó que considerasen a los jueces parte “del poder”.

Tras anunciar mejoras en la digitalización de las pruebas existentes, se mostró esperanzado en la futura desclasificación de documentos que puedan aportar luz al crimen contra la comunidad judía.

Por su parte, Juan Patricio Furlong, subsecretario de Investigación del Delito Organizado y Complejo, subrayó la importancia de la cooperación internacional y aseguró que al llegar al Gobierno se encontró al país “aislado del mundo”.

Por ello, sus esfuerzos se centran en la actualidad en “reconstruir los puentes” con el resto de naciones, para comenzar a compartir y recibir información de inteligencia.

Según Furlong, el marco legal argentino para luchar contra el terrorismo es “anacrónico”, por lo que apuesta por la creación de unidades fiscales y judiciales especializadas en este tipo de delincuencia.