Los obispos de la Comisión Episcopal de Pastoral Social y Promoción Humana de la CEE han presentado este viernes en Asamblea Plenaria un detallado informe sobre la situación social del país en relación a la pandemia de COVID-19. El texto se ha elaborado a partir de «una consulta a distintos organismos y departamentos de la comisión con el fin de tener una información directa y precisa sobre la situación de las personas más vulnerables de nuestra sociedad», aseguran en la presentación. Entre los organismos consultados están instituciones como Cáritas, pastoral penitenciaria, Justicia y Paz o los departamentos de trata y  movilidad humana de la CEE. El objetivo, recalcan, es «orientar la misión evangelizadora de la Iglesia ante las realidades sociales más urgentes».

Para los obispos, la herida de la epidemia ha generado en la sociedad tres síntomas: «la limitación de derechos, el incremento de la desigualdad en la sociedad y la desvinculación de la moral». Además, «ha dejado al descubierto una estructura social precaria» y una «comunidad debilitada que, aunque resurgió en el primer momento de la crisis, no es capaz de mantener la llama viva». El motivo es que «la cultura dominante, tanto en el ámbito político como económico, ha configurado un nuevo modelo social, cuyos axiomas principales son el relativismo y el individualismo».

Preocupados por «las tasas de desempleo» que está generando la crisis, destacan en el texto a las cerca de 200.000 personas acompañadas por Cáritas «que ya no contaban con ningún ingreso económico el pasado mes de septiembre». Especialmente crítica es la situación de «quienes se ganan la vida en la economía informal» y los trabajadores «del sector turístico». En este punto llaman la atención sobre que «las restricciones impuestas a la actividad de los hoteles, comercios, restaurantes y bares para tratar de frenar la creciente ola de contagios, y el toque de queda nocturno, hacen inviable cualquier plan de recuperación». Conviene no olvidar «que son las micro, pequeñas y medianas empresas, las principales creadoras de empleo en este sector y, lamentablemente, las más afectadas por la pandemia. Curiosamente, son estas mini empresas las más descuidadas por los legisladores en todo el mundo».

Crisis de la vivienda y la salud

En el informe de los obispos responsables de la pastoral social se destaca «la dificultad para el acceso a la vivienda». Esto se constata, añaden, «en las más de 700.000 personas acompañadas por Cáritas que carecen de recursos para pagarse la vivienda o los suministros, y en las más de 40.000 que malviven en la calle».

Otro efecto de la reducción de ingresos es la incidencia en la salud de las personas. «Un 36 % de los hogares han empeorado en el ámbito de la salud psicoemocional y el 21% en salud física con respecto a la situación previa a la crisis» Esto resulta fácil comprenderlo, si tenemos en cuenta «la gran cantidad de tratamientos de salud cancelados y/o retrasados, así como las situaciones extraordinarias de estrés y ansiedad que la pérdida de empleos e ingresos está provocando».

En relación directa con la salud está la crisis de los cuidados. «Muchas familias han tenido que renunciar a un empleo por atender a sus hijos o a personas dependientes», asegura el texto. De hecho, la fase de confinamiento más estricto y la consiguiente suspensión de las clases presenciales «obligó a muchas familias, especialmente monoparentales, a tener que elegir entre mantener los ingresos por vía del trabajo presencial, cuando no había otra alternativa, o quedarse en casa cuidando de los suyos».

Los grupos más afectados por la crisis

Estas manifestaciones del descarte «las sufren en mayor o menor medida los diversos grupos de personas a las que se pretende servir pastoralmente desde los distintos departamentos de la comisión episcopal». Entre otros, el texto destaca a los migrantes y refugiados, especialmente las que se encuentran en situación administrativa irregular. Mención especial a los jóvenes no acompañados, «a los que, al cumplir la mayoría de edad, no se les concede una residencia legal, viéndose abocados a la pobreza y a la delincuencia en el 84 % de los casos».

Las personas sin hogar o con viviendas inseguras; las víctimas de trata; los presos y sus familias, que han visto limitado «el derecho a las relaciones afectivas y familiares, a la educación y a la asistencia religiosa»; los profesionales de la marina mercante y de pesca, cuyo tiempo de estancias en los barcos ha aumentado y «sufren amenazas de abandono», además de incrementarse el desempleo en el sector; los transportistas, «a pesar de haber sido vitales durante la primera ola del coronavirus»; los feriantes y circenses, y los gitanos, que «viven muy al día y subsisten con actividades precarias», son el resto de grupos con los que se está cebando la pandemia.

Hasta ahora, asegura el informe, «el tipo de ayudas que se han gestionado tienen un claro carácter asistencialista y supondrán un grave problema económico y social en el momento en que se dejen de cobrar los ERTE y se comiencen a reembolsar los créditos, si la economía no se reactiva». La sociedad, añaden, «se movilizó en un primer momento creando grupos de ayuda y redes de apoyo, mediante el asociacionismo vecinal, pero en la actualidad estos grupos, que surgieron con mucha fuerza y entusiasmo, se van debilitando paulatinamente».

Respuesta de la Iglesia

Ante tal cúmulo de problemas y desafíos, la Iglesia «ha intensificado su actividad» y ha trabajado en varias líneas básicas: «Atención y ayuda material con bienes de primera necesidad para cubrir las necesidades más básicas», «atención telefónica y online constante», «acompañamiento a las personas en situación de vulnerabilidad», y  «asistencia espiritual».  Se ha trabajado en red con otros grupos eclesiales y, también, con entidades civiles y de la administración pública.

El informe –completo en la página web de la CEE– detalla acciones concretas de la Iglesia en cada campo, como por ejemplo, el trabajo con sindicatos e inspectores de control portuario para «estar alerta ante el incumplimiento de normas» y visita a los barcos para acompañar a la tripulación. También destacan, entre otras, las «iniciativas de acogida para temporeros en cuarentena (como en el seminario diocesano de Logroño)».