El 13 de diciembre, un día antes de la primera sesión en el Congreso nacional en la cual se iban a debatir los cambios en materia jubilatoria, la Pastoral Social jugó fuerte: envió una carta a los 18 diputados nacionales cordobeses a través de la cual les pidió que no apoyen la propuesta, que surgió del Consenso Fiscal entre el presidente Mauricio Macri y los gobernadores.

La carta tuvo repercusión política nacional. Si bien no decía expresamente que no apoyaran el proyecto del macrismo y el peronismo dialoguista que representa a las provincias, había párrafos que no dejaban dudas sobre la posición crítica de la máxima autoridad de la iglesia católica cordobesa, encabezada por el arzobispo Carlos Ñáñez.

“Exhortamos a que en su carácter de diputado nacional por Córdoba rechace toda iniciativa que atente en términos reales contra la situación material actual de los jubilados, que tienen el legítimo derecho a recibir lo suficiente para garantizar la dignidad de la vida”, expresó la Pastoral.

La misiva no mencionaba expresamente la reforma previsional, pero no quedó duda de que la institución que conduce el arzobispo Ñáñez –habitualmente muy medido en sus expresiones que tienen que ver con cuestiones políticas–, se refería al entonces polémico proyecto, convertido en ley una semana después, en medio de un clima con graves incidentes entre manifestantes y la Policía Metropolitana, en los alrededores del Congreso.

La firme postura del organismo católico cordobés contrastó con la mesura de la Conferencia Episcopal nacional, lo que alimentó la repercusión de la carta de la Pastoral.

Algunos medios nacionales interpretaron que detrás del pronunciamiento de la Pastoral de Córdoba podía estar la mano del papa Francisco. Esto fue descartado de plano desde el entorno del arzobispo Ñáñez.

Con la ley ya aprobada, la Pastoral Social pretende no ser considerada una institución opositora a la iniciativa del Gobierno nacional y la mayoría de los gobernadores.

“No somos opositores a nadie. Sólo sentamos posición en cuestiones que afectan a mucha gente, sobre todo a los más débiles. Ese fue siempre el rol de la Iglesia Católica”, remarcó Munir Bracco, párroco de la Colonia Tirolesa y titular de la Pastoral Social de Córdoba.

La decisión del organismo pastoral católico es bajar el perfil y no entrar en polémicas con el Ejecutivo nacional y el Centro Cívico.

Desde el Gobierno provincial también evitaron polemizar. Este diario intentó tener la palabra oficial de algún funcionario schiarettista, pero la respuesta fue el silencio.

El martes pasado, el dirigente peronista Miguel Siciliano asumió como secretario de Relaciones Institucionales de la provincia, área que tiene bajo su órbita la Dirección de Culto, que manejará la relación con los distintos credos.

Bajo el argumento de que aún no había mantenido ningún contacto con las autoridades de la Pastoral Social, no hubo pronunciamiento del flamante funcionario.

Sorpresa

En este contexto, en la Pastoral reconocen que se vieron sorprendidos por la repercusión nacional que tuvo su pronunciamiento sobre la reforma. Aunque también admiten que conocían el riesgo de quedar atrapados en la grieta política que existe en el país.

De todos modos, a pedido de La Voz, Bracco volvió a sentar posición a través de un escrito que envió al diario.

En el texto, el titular de la Pastoral Social resaltó la necesidad de “diálogo democrático” que vive el país, pero también reivindicó la posibilidad de “disentir”

“El camino es el diálogo sincero y respetuoso. No tenemos que tener miedo a disentir. Tal vez tengamos que seguir aprendiendo a dialogar”, remarcó el párroco de Colonia Tirolesa.

Bracco también opinó de una cuestión que está desde hace tiempo en el centro del debate político nacional: la grieta entre el macrismo y el kirchnerismo.

“Es importante intentar salir de la lógica amigo-enemigo. Expresar un punto de vista distinto no significa para nada que el otro sea un enemigo a vencer”, concluyó el titular de la Pastoral Social.