Un «primer fruto» después de la Cumbre en el Vaticano con los presidentes de los episcopados de todo el mundo, pero, sobre todo, un paso «claro e inequívoco» del Papa Francisco en la lucha contra la plaga de la pederastia del clero. El director editorial de los medios vaticanos, Andrea Tornielli, ofrece, subrayando su novedad y las perspectivas, una clave de interpretación para el “motu proprio” promulgado hoy por el Pontífice, para la nueva ley para el Estado de la Ciudad del Vaticano, extendida también para la Curia romana, para y las líneas guía para la protección de menores de edad y personas vulnerables para el Vicariato de la Ciudad del Vaticano.

El padre Federico Lombardi, moderador de la cumbre de finales de febrero, el último día de las sesiones de trabajo anunció la publicación de este “motu proprio” que pretende «reforzar la prevención y la lucha contra los abusos en la Curia romana y en el Estado de la Ciudad del Vaticano», explicando también que después la Congregación para la Doctrina de la Fe habría publicado un vademécum anti-abusos para la Iglesia universal y que se habrían establecido mecanismos en la forma de “task forces” de expertos para ayudar a las diócesis que no tuvieran personal cualificado para afrontar estos casos.

A poco más de un mes del final de la Cumbre en la que participaron 190 obispos, cardenales, encargados de dicasterios y superiores de órdenes religiosas en el Vaticano, llegan los tres documentos que el Papa decidió firmar personalmente. La Ley CCXCVII y las Líneas guía por sí mismas habrían podido ser promulgadas, respectivamente, por la Comisión para el Estado y por el Vicario de la Ciudad del Vaticano, por lo que la firma del Papa indica el valor que se pretende dar a estas normas, subraya Tornielli.

En el texto de análisis que publicó en Vatican News y en “L’Osservatore Romano”, el director editorial de los medios vaticanos explica que se trata de «leyes, normas e indicaciones muy específicas, sobre todo para los destinatarios», que tienen que ver solo con «el Estado Vaticano, en donde trabaja un gran número de sacerdotes y religiosos, pero hay muy pocos niños». Sin embargo, a pesar de haber sido pensados y escritos para una «realidad única en el mundo» como la de la Ciudad del Vaticano, en la que la máxima autoridad religiosa es también el soberano y legislador, los tres documentos contienen «indicaciones ejemplares que tienen en cuenta los parámetros internacionales más avanzados».

En particular, mediante la nueva ley se aclara con «una definición precisa y amplia», presente en el primer artículo, qué se quiere decir con la expresión «adultos vulnerables» que son equiparados ahora «a los menores». «Es vulnerable toda persona en estado de enfermedad, de deficiencia física o psíquica, o de privación de la libertad personal que, de hecho, incluso ocasionalmente, limite su capacidad de entender y de querer, o, como sea, de resistirse a la ofensa», se lee en el texto.

Esta no es la única novedad, es más hay muchos cambios introducidos por el Papa. A partir de ahora, «los delitos relacionados con el abuso de menores, no solo los de naturaleza sexual, sino también, por ejemplo, los maltratos, serán “perseguibles de oficio”», es decir incluso si falta la denuncia de parte.

También se introduce «una prescripción de veinte años», que comienzan a contarse «en caso de ofensa a un menor a partir de su décimo octavo año de edad». Vale la pena recordar, subraya Tornielli, «que no se habla aquí de leyes canónicas, sino de leyes penales del Estado de la Ciudad del Vaticano», en donde, al no haber sido nunca adoptado el Código “Rocco”, promulgado en Italia durante el periodo fascista, todavía está vigente el “Código Penal Zanardelli” que, para estos delitos, preveía prescripciones nunca superiores a los cuatro años a partir del momento del delito.

Otra novedad significativa se relaciona con la «obligación de denuncia y las sanciones para el público oficial que omita señalar a las autoridades judiciales vaticanas abusos de su conocimiento», salvo «el sigilo sacramental, es decir el inviolable secreto de la confesión». Este tema fue uno de los objetos del debate de las asambleas plenarias de la Cumbre anti-abusos.

En otras palabras, significa que serán «sancionados», en caso de que no denuncien, todos los que desempeñen el pape de «publico oficial» en el Estado vaticano, en la Curia romana y entre el personal diplomático en servicio en las nunciaturas. Es decir el 90% de las personas que trabajan en el Vaticano o para la Santa Sede.

No hay que olvidar otra significativa novedad que es la creación, por parte del Gobernatorado en el ámbito de la Dirección vaticana de Sanidad e Higiene, de un Servicio de acompañamiento para las víctimas de abusos, que será coordinado por un experto calificado. En lo concreto, esta institución se traduce en el servicio al que las víctimas podrán dirigirse «para encontrar ayuda, recibir asistencia médica y psicológica, para ser informadas sobre sus derechos y cómo hacerlos valer», subraya Andrea Tornielli. Además, explica que, en relación con la selección y la contratación del personal del Gobernatorado y de la Curia romana, se tendrá que demostrar la «idoneidad del candidato para interactuar con los menores».

En cuanto a las líneas guía pastorales para el Vicariato de la Ciudad del Vaticano, se presentan como documentos más breves con respecto a los textos análogos de algunas de las Conferencias Episcopales del mundo, pero hay que tener en cuenta que en el Vaticano hay solamente dos parroquias, San Pedro y Sant’Ana dei Palafrenieri, y que los menores que viven allí son pocas decenas. De cualquier manera, tales indicaciones, explica el texto de análisis de Tornielli, se dirigen a sacerdotes, diáconos y educadores del Preseminario San Pío X, así como a los canónigos, párrocos y coadjutores de las dos parroquias, a los religiosos y religiosas que viven en el Vaticano. Se incluyen también «todos los que operan a cualquier título, individual o asociado, dentro de la comunidad eclesial del Vicariato de la Ciudad del Vaticano».

Todas estas personas, queda establecido en el “motu proprio”, deben estar siempre a la vista de los demás «cuando estén en presencia de menores». Se les prohíbe severamente «instaurar una relación preferencial con un único menor, dirigirse a un menor de manera ofensiva o asumir comportamientos inapropiados o sexualmente alusivos»; de la misma manera, se prohíbe «pedir a un menor mantener un secreto, fotografiar o grabar a un menor sin el consenso por escrito de sus padres».

A partir de hoy, el viariato de la Ciudad del Vaticano, el cardenal Angelo Comastri, tiene la obligación de señalar al Promotor de Justicia toda noticia de abuso que «no sea manifiestamente infundada», alejando de cualquier actividad pastoral, como precaución, al presunto autor de los abusos. Significa que quien sea declarado culpable de abusos «será destituido de sus encargos» en el Vaticano. Y, si se trata de un sacerdote, también se aplicarán todas las normativas canónicas vigentes.

Indicaciones duras, pues, que responden concretamente «a la exigencia de concreción manifestada por el Pueblo de Dios al afrontar la plaga de los abusos contra menores», según indica en una breve nota el portavoz vaticano “ad interim” Alessandro Gisotti. Con «este conjunto de actos» que «refuerza la protección de los menores mediante el potenciamiento de las normas», lo que el Papa espera es que en todos los fieles «madure conciencia de que la Iglesia debe ser cada vez más una casa segura para los niños y para las personas vulnerables».