por ANDREA TORNIELLI

El que comienza hoy es uno de los viajes más delicados y problemáticos del Papa Francisco. Claro, Colombia es un gran país católico latinoamericano, y se espera una extraordinaria participación popular en las citas con el Papa. Pero la situación es compleja y la paz, que comenzó con el histórico acuerdo entre el gobierno del presidente Manuel Santos (Premio Nobel de la Paz) y los guerrilleros de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), se muestra como una pequeña semilla ya amenazada desde muchos frentes. 

Durante este quinto peregrinaje a América Latina, el Papa recorrerá 21.178 kilómetros, pronunciará 12 discursos en español y visitará cuatro ciudades: Bogotá, Villa Vicencio, Medellín y Cartagena. Una visita bastante larga, para impulsar los primeros pasos hacia la reconciliación y la paz. Pero Francisco no va a Colombia como mediador, a ser «garante» del acuerdo obtenido tras grandes esfuerzos pero reprobado por el referéndum popular. Un acuerdo que se ha convertido no solo en el objeto de enfrentamientos políticos feroces entre el gobierno y la oposición, guiada por el ex presidente Álvaro Uribe. Sin embargo, a pesar de invitar a la reconciliación, única vía para salir de una guerra civil muy violenta que ha provocado miles de víctimas inocentes y desgarrado la vida de las familias, se mantendrá alejado de las polémicas sobre las cláusulas del acuerdo firmado el año pasado. 

Desde el 9 de abril de 1948, día del homicidio del candidato presidencial y líder liberal católico Jorge Elicer Gaitán, hasta ahora, Colombia ha sufrido 70 años de violencia interior, que se ha caracterizado en el último medio siglo por las luchas de guerrillas de grupos de inspiración marxista-leninista y, por otra parte, de los grupos paramilitares de derecha, además de una masiva presencia del narcotráfico, que no tiende a disminuir. Durante el último medio siglo las víctimas mortales han sido 230 mil, principalmente civiles. 

La decisión de los guerrilleros de las FARC de abandonar las armas para transformarse en un partido político a cambio de inmunidad y acceso al Parlamento, como prevé el acuerdo, no ha dejado de tener consecuencias. La población quería el fin de la guerra civil, pero el rastro de sangre, los muertos o los secuestrados, no pueden ser olvidados tan fácilmente. La firma con la que en septiembre de 2016 se hizo operativo el acuerdo, que después fue sometido a la votación popular y fue rechazado en el referéndum, es solo un primer paso. Y un primer paso todavía muy frágil. Siguen existiendo incógnitas sobre un futuro que se teme podría volver a mancharse con venganzas, asesinatos y violencias. Hay quienes temen que parte de las armas entregadas por las FARC (solo el 40% de ellas) sean depositadas más allá de la frontera con Venezuela; hay otros que se preguntan cuáles fondos en paraísos fiscales todavía están en manos de los ex guerrilleros. 

La guerrilla y las injusticias sociales también han provocado 2 millones de desplazados, familias que han debido abandonar sus casas y sus tierras: no podrá existir una paz justa sin afrontar el problema del regreso a sus casas de todas ellas y la cuestión de la conversión de las cultivaciones en el país que es el primer productor mundial de cocaína, en el que la producción no ha disminuido para nada en los últimos dos años. 

Es difícil imaginar un futuro de paz y de participación compartida en una Colombia en la que desde 1948 hasta la fecha la clase política en el gobierno (tanto liberal como conservadora) pertenece a poco más de 300 familias vinculadas entre sí. El presidente Santos, que está por concluir su mandato, está evaluando cuál será la candidatura que apoyará, bien consciente de que sus más cercanos colaboradores, de llegar al poder, podrían volver a negociar los acuerdos de paz. El actual líder de la oposición Uribe fue presidente y mentor del mismo Santos. Si le tocara a él la victoria, una renegociación del acuerdo obtenido con tanto esfuerzo sería inevitable, puesto que Uribe lo considera una puerta abierta hacia una política «castro-chavista». 

Mientras la oligarquía del poder colombiano cultiva sus ambiciones, hay un pueblo que vive por debajo del umbral de la pobreza (el 50% de la población), con casi un millón de niños que van por las calles buscando entre la basura algo que comer. Colombia es un país en el que la explotación de menores todavía está muy presente. Hay que buscar en estas situaciones de pobreza las causas remotas de la violencia durante el último medio siglo. Una violencia que, desgraciadamente, se ha transformada en una cultura de la violencia: policías privados, grupos paramilitares, sicarios de profesión. Para todo ello se requieren leyes justas, que el Papa invocará para que no prevalezca la ley del más fuerte. 

Sin un proceso de reconciliación política, que todavía no amanece en el horizonte, la paz sigue estando en una situación muy frágil, acechada por la radicalización y a polarización del debate político interno. 

Como es evidente, todos los actores involucrados tratarán de aprovechar la presencia del Papa durante estos días. El presidente Santos, con una aceptación por los suelos en su país según sondeos recientes, la considera una consagración de su manera de actuar. La oposición de Uribe sopesará cada una de las palabras del Pontífice para tratar de evitar que sea percibido el mensaje que pretende dar Santos. También los guerrilleros de las FARC y del ELN (el Ejército de Liberación Nacional, que nació con inspiración católica y hace dos días anunció un cese al fuego en un acuerdo bilateral con el gobierno) harán todo lo posible para tener visibilidad con la visita de Francisco. 

Y para concluir, como telón de fondo de este viaje latinoamericano está la tan grave crisis que vive Venezuela. Han llegado a Colombia miles de desplazados del país que gobierna con puño duro el presidente Nicolás Maduro. Claro, Francisco está yendo a Colombia, no a Venezuela. Pero hay quienes esperan que pueda mandar un mensaje de cercanía para el pueblo venezolano que sufre.