En la UTEP buscan realizar el 7 de agosto la tradicional caminata desde Liniers a Plaza de Mayo. En la cúpula religiosa presionan para desactivarla tras los episodios fuera del Congreso cuando fue la ley Bases. Gestiones de Grabois para reunir a curas villeros y jueces.
Mauricio Caminos
En medio de la crisis económica, los movimientos sociales ligados al peronismo ya trabajan en la organización de una movilización callejera crítica a Javier Milei para el 7 de agosto, día de San Cayetano. La conmemoración del “Patrono del Pan y del Trabajo” es emblemática para las agrupaciones nucleadas en la UTEP (la Unión de Trabajadores de la Economía Popular), donde confluyen, entre otras, el Movimiento Evita que conduce Emilio Pérsico, el MTE de Juan Grabois, y la Corriente Clasista Combativa de Juan Carlos Alderete. Esta vez la fecha tiene como componente agregado que hay una discusión sobre la conveniencia o no de realizar la tradicional caminata desde Liniers hacia la Plaza de Mayo a raíz de la ofensiva represiva de las fuerzas de seguridad bajo el gobierno libertario.
La Conferencia Episcopal, preocupada por la trata de personas en Argentina
En los últimos días las agrupaciones recibieron desde sectores de la Iglesia reparos por una nueva manifestación callejera que alimente la tensión con la policía, sobre todo luego de los episodios frente al Congreso cuando se votó la ley Bases en el Senado y Patricia Bullrich activó con ferocidad su protocolo antipiquete. elDiarioAR supo de distintas fuentes vinculadas a la organización que hasta llegó a involucrarse en esas conversaciones presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Oscar Ojea.
En ese marco, este martes a la tarde la dirigencia de la UTEP se reunirá para definir qué estrategia tomar para hacer sentir su tradicional reclamo de “Pan, Paz, Tierra, Techo y Trabajo” durante San Cayetano. Además hay líneas abiertas con la CGT, las dos CTA y organismos de derechos humanos como Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora para que puedan sumarse el 7 de agosto. También este martes habrá una asamblea multisectorial en la Facultad de Sociales de la UBA donde se discutirá ese punto, además de exigir la libertad de las dos personas que aún permanecen detenidos desde el 12 de junio: Daniela Calarco Arredondo y Roberto María de la Cruz Gómez.
“Nosotros estamos peleando para que haya marcha, pero sí tenemos una presión muy grande de la Iglesia por no hacerlo”, afirmó uno de los dirigentes sociales involucrado en las negociaciones para el día de San Cayetano. La semana pasada la UTEP recibió un mensaje puntual de Ojea: en una conversación privada y de manera informal, el Obispo de la Diócesis de San Isidro transmitió que “no conviene” hacer una manifestación callejera.
Más allá de encabezar la ceremonia en el santuario de San Cayetano al que suelen acercarse miles de fieles, la participación de la Iglesia generalmente en las actividades de la UTEP es bien puntual y tiene que ver con la bendición de la caminata. “La Iglesia presiona para evitar la confrontación, pero generalmente no participa en la procesión de San Cayetano. Aunque es verdad que nosotros tampoco le queremos regalar al Gobierno el escenario represivo”, dijo otra de las fuentes de base consultadas por este medio.
Hace años el gremio de la economía popular lleva adelante esa protesta. De hecho, la unión de organizaciones encabezadas por Pérsico y Grabois originalmente se conocía como “Los Cayetanos”, a partir de la multitudinaria caminata del 7 de agosto de 2016 contra las políticas de ajuste de Mauricio Macri.
El arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Jorge Ignacio García Cuerva. durante la misa frente al Santuario de San Cayetano, en Liniers, el año pasado. NAPreocupación por la situación social
Pese a los reparos con la cúpula religiosa, entre las organizaciones están convencidos que la situación social amerita una respuesta callejera. Por caso, una de las fuentes consultadas relató a elDiarioAR lo que ocurrió días atrás en un plenario de delegados de barrio de la CCC en La Plata: “Crece la bronca con el gobierno y la voluntad de movilizarse. La inmensa mayoría planteó movilizar el 7 de agosto por San Cayetano porque la situación se va tornando insostenible”, señaló el dirigente consultado ligado a Alderete.
Y apuntó sobre la situación en las barriadas: “Lo que aparece es un agravamiento brutal de las condiciones de vida de la gente. Muchos terminan llorando al contar sus padecimientos cotidianos. Aparece el crecimiento del hambre, el avance del consumo de drogas y del narco, incluso crece la prostitución en las pibas para consumir, y también aparece el drama de los medicamentos que no reparte la Dadse (por la Dirección De Asistencia Directa Por Situaciones Especiales)”.
Si bien por lo bajo la Iglesia pareciera no avalar una manifestación contra el Gobierno, en términos públicos ya hay una distancia con la Casa Rosada. En el Tedeum del 9 de julio, el arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, hizo una fuerte homilía frente al propio Milei. Advirtió que “a muchos les falta el termómetro social de saber lo que viven los argentinos de a pie” y afirmó: “Algo no está bien cuando tenemos dirigentes muy ricos y un pueblo trabajador muy pobre”.
Y este lunes, fue Ojea el que hizo una referencia al rol del Estado en cuanto a las políticas públicas. En una declaración en el marco del Día Internacional de lucha contra la Trata de Personas que se conmemora el 30 de julio, reclamó “un Estado activo en el combate del delito de trata”, en alusión al caso Loan.
Más allá del 7 de agosto y también preocupados por el avance del Gobierno contra las organizaciones sociales –tanto kirchneristas como de izquierda– en supuestas causas de malversación de fondos públicos, desde la UTEP comenzaron a desarrollar una estrategia de contraofensiva junto a la base de la Iglesia. Grabois fue encargado de realizar dos encuentros entre curas villeros y funcionarios judiciales federales “para sensibilizar a la justicia de la situación social”, reconstruyó elDiarioAR.
En en esas reuniones participaron entre otros el párroco Gustavo Carrara, primer cura villero promovido a obispo por el Papa Francisco; el juez Alejandro Slokar, de la Cámara Federal de Casación Penal; el fiscal de Estado de la Provincia de Buenos Aires, Hernán Rodolfo Gómez, y el juez federal de La Plata con competencia electoral Alejo Ramos Padilla. “Los funcionarios vienen a escuchar la situación de los barrios, queremos sensibilizarlos”, apuntó uno de los dirigentes que estuvo en esas reuniones.
“Tratamos que entiendan lo que significa la economía popular y quitar ese prejuicio judicial que hace que un vendedor ambulante esté perseguido todo el tiempo porque le arman causas federales por supuesta comercialización de productos ilegales o un cartonero al que le hacen contravenciones por revolver basura”, dijo otro referente social. Hasta ahora hubo dos encuentros y se está organizando el tercero en Rosario para focalizar en la situación de los barrios afectados por el narcotráfico.
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