Inevitablemente, se la considerará como una reacción por el envío al Congreso del proyecto para la legalización del aborto. Pero esa iniciativa del Presidente de la Nación -que se debate actualmente en Diputados- solo le dio el último envión.

Es que los obispos comenzaron a pergeñar una crítica declaración tras el primer año de gestión del Gobierno que incluye el reclamo de respeto a la independencia de la Justicia, el pedido de que un ajuste no perjudique a los sectores más desfavorecidos y una advertencia por el deterioro educativo.

Además, obviamente, de una crítica al intento de incluir en la legislación la interrupción voluntaria del embarazo.

Por ahora todos esos aspectos del documento son objeto de un intercambio virtual entre el centenar de obispos del país. Habrá que ver qué es lo que finalmente queda en el texto. La decisión final acerca de su contenido se tomará a mediados de este mes cuando sesione la cúpula de la Conferencia Episcopal y lo difunda.

Pero en el plenario de obispos del mes pasado -vía Zoom- quedó claro el deseo de no pocos obispos, especialmente del interior, de emitir lo que se convertiría en la primera declaración crítica de la Iglesia hacia el Gobierno, aunque amortiguada bajo la forma habitual de un mensaje a la sociedad.

En las últimas semanas hubo dos pronunciamientos sintomáticos. El primero fue de los obispos de la provincia de Tucumán (los dos en funciones y los dos retirados, entre éstos últimos Luis Villalba, distinguido con el cardenalato por Francisco) y llevaba cono título “Afianzar la justicia”. Si bien se refiere a la situación del Poder Judicial tucumano, es imposible no trasladarlo al ámbito nacional.

“Sin reglas estables y previsibles, sin una justicia independiente no es posible imaginar un mundo mejor y una convivencia social en paz”, advierte el documento.

Los obispos recuerdan que “uno de los pilares del sistema republicano es el de los pesos y contrapesos, de controles recíprocos entre los poderes del Estado. Esto supone la independencia y libertad de los estamentos del mismo y garantiza el bien común de los ciudadanos”.

Señalan, además, que “siempre el poder político tuvo la tentación de limitar al Poder Judicial, que debe ser independiente para ser más eficaz en su tarea”. Y subrayan la necesidad de “un sistema de mérito para el acceso a los cargos” y “evitar la politización del consejo de la Magistratura”.

Díaz después, el tratamiento en el Congreso de la Nación de un nuevo cálculo de los haberes jubilatorios motivó una severa declaración de los equipos de Pastoral Social de las diócesis de Córdoba.

“Queremos llamar a la reflexión a los diputados y senadores nacionales para que eviten poner, nuevamente, sobre las espaldas de los adultos mayores el peso del ajuste que se desarrollará durante el 2021”, sostenían. Tras señalar que “son personas esenciales, no descartables”, afirmaban que “a veces parecemos un país ensañado” con ellos.

Si bien decían comprender que “son necesarias ciertas reformas, ajustes presupuestarios y revisiones fiscales”, aseveraban que también son conscientes que “desde hace décadas los ajustes siempre recaen, de una u otra forma, sobre los jubilados y pensionados nacionales, el sector socioeconómico más perjudicado y más vulnerable junto con la infancia”.

Recordaban que su situación es más delicada “en este tiempo inédito, adverso y complejo (…) porque forman parte del grupo de riesgo frente a la amenaza del Covid-19”.

El Papa parece haber allanado el camino hacia un pronunciamiento. En una reciente carta de respuesta a otra que recibió de ex alumnos suyos del colegio de la Inmaculada de Santa Fe -que Clarín reveló esta semana- Francisco les dice que, aunque no está enterado “en detalle” de todo lo que ocurre en el país, “algunas cosas me preocupan”. Además, ante una consulta de sus antiguos pupilos acerca de la cercanía a Cristina Kirchner que se le suele atribuir, toma distancia de ella como de otros dirigentes.

“Dos veces mencionan mi relación (cercanía, amistad) con la señora de Kirchner”, dice. Y agrega: “La última vez que tuve contacto con los dos ex presidentes (ella y el ing. Macri) fue cuando estaban en funciones. Después de eso no tuve ningún contacto con ellos. Es verdad que el término ‘soy muy amigo de’ o ‘estoy en contacto habitual con’ es muy de ‘la fachada’ porteña, y no es la primera vez que siento decirles (´bromeando les diría que nunca tuve “tantos amigos” como ahora)”.

Con todo, persisten unas cuantas dudas respecto de los riesgos que entraña un duro documento. Algunos obispos creen que no sería bueno hacer una contribución a la grieta y, eventualmente, ser usados como parte de esa confrontación. Además, no faltan quienes consideran que ello podría debilitar a Alberto Fernández, que ya viene estando bastante afectado por su compleja relación con su vicepresidenta y la preponderancia que ella tomó en los últimos meses.

No faltan, en fin, obispos que descreen de la eficacia de una declaración en tiempos en que las palabras se las lleva rápidamente el viento y el fragor de la política argentina. Por eso, también se cuentan quienes creen que el texto debería ir acompañado de “un gesto” para darle más fuerza. Sea como fuere, la Iglesia empieza a ser un frente de potenciales roces que el Gobierno no debería subestimar. Y no solo por la legalización del aborto.

Por Sergio Rubin