Distintas organizaciones que representan a católicos comprometidos con los derechos humanos y el Grupo de Curas en la Opción por los pobres sumaron esta semana sus voces de repudio a las afirmaciones del obispo castrense Santiago Olivera, publicadas bajo el título “¿Esto es justicia?” en el diario La Nación el 16 de agosto pasado. Allí el obispo sostuvo que “la situación de muchos detenidos por delitos de lesa humanidad es una vergüenza para la república: una discriminación nunca vista en democracia, llevada a cabo especialmente por algunos miembros del Poder Judicial, con el silencio cómplice de otros poderes y de buena parte de la dirigencia nacional”.

El grupo de Cristianos para el Tercer Milenio (CTM) emitió una declaración en la que expresa abiertamente su “repudio a las falsas, confusas y ambiguas afirmaciones” del obispo a quien acusan de recurrir “una vez más al lenguaje usado en tiempos de la dictadura militar” porque reitera “cuestionamientos similares a los de aquellos que fueron parte o cómplices del terrorismo de estado, sin precisar a quienes denuncia y cuáles son y por qué, las víctimas a las que se refiere”. Entre los firmantes del comunicado emitido por CTM se cuentan Alicia Pierini, Angel Bruno, Hernán Patiño Meyer, Ana Cafiero y Rodolfo Brardinelli.

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En una declaración de tono similar, promovida por la Fraternidad Laica Carlos De Foucauld y que cuenta con la adhesión de una treinta de organizaciones católicas, ecuménicas y civiles defensoras de los derechos humanos, se sostiene que “el obispo castrense es vocero de un sector de la Iglesia y de la sociedad que no dejan de invocar la teoría de los dos demonios y que fueron cómplices del terrorismo de Estado”. En el mismo texto se afirma que “como sobrevivientes de este terrible genocidio  seguimos sintiendo la complicidad de este sector que también colaboró con el terrorismo de Estado persiguiendo incluso a la Iglesia inserta en el pueblo y que llevó a cabo asesinatos como a monseñor Enrique Angelelli y muchos secuestros y desapariciones como Mauricio Silva, Carlos Bustos y tantos otros y otras que seguimos buscando”. Pese a ello, dicen los firmantes, “seguimos sosteniendo la fe, porque creemos que Dios está del lado de los perseguidos, torturados y calumniados, como dicen las bienaventuranzas”.

Contrariando lo afirmado por Olivera, la Fraternidad De Foucauld asegura que “más de la mitad de los genocidas condenados están en sus casas por el beneficio de la prisión domiciliaria” y, en consecuencia, “hay más imputados libres que detenidos, y más genocidas con arrestos domiciliarios que en cárcel común”.

También los Curas en la Opción por los Pobres, que estuvieron reunidos esta semana en Santiago del Estero, incluyeron en su declaración final una condena explícita a las afirmaciones del obispo Olivera. “Rechazamos, una vez más, las declaraciones del obispo castrense Santiago Olivera” –dicen los sacerdotes católicos que trabajan en medios populares en todo el país– porque “la teoría de los dos demonios es inaceptable” dado que “justifica el terrorismo de estado, deslegitima el trabajo –ampliamente consensuado por la sociedad argentina– de los organismos de DD.HH. en la búsqueda de la memoria, verdad y justicia, y acalla el clamor de las víctimas”. 

Tras preguntarse por el motivo “de esta insistencia”, los Curas entienden que esta actitud, unida a “la presión ejercida sobre los legisladores por parte de algunos obispos en la votación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo y en la escasa lectura de los procesos culturales de nuestra sociedad –como la aparición del colectivo feminista– alejan a la Iglesia institucional de las búsquedas y angustias de nuestro tiempo”.

Al asumir su cargo un año atrás el obispo Olivera insistió en la idea de la “reconciliación entre los argentinos” y también se reunió con la titular de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, a quien le prometió colaborar en la búsqueda de los nietos que continúan desaparecidos. Sin embargo, hasta el momento no hay signos de que ello se traduzca en hechos. En cambio, Olivera reitera ahora que “necesitamos transitar caminos de verdad y justicia para alcanzar la paz” porque “no podemos mirar la historia con un ojo solo” incurriendo nuevamente, como señalan los Curas en la Opción por los Pobres, en la “teoría de los dos demonios” sostenida por quienes fueron cómplices de la dictadura militar.

Apoyados en el lema “Memoria, verdad y justicia. ¡Nunca más el silencio”, las organizaciones que acompañan la declaración de la Fraternidad De Foucauld, reclamaron “que se abran todos los archivos, principalmente los de los sacerdotes castrenses, y toda la información en poder de la Iglesia que pueda contribuir a la búsqueda de la verdad”. Piden también que la Conferencia Episcopal “asuma de una vez por todas este momento histórico” poniéndose “del lado de los más débiles y en la búsqueda de memoria, verdad y justicia”. 

En el mismo texto se reclama la separación de la Iglesia y el Estado y, en coherencia con ello, desconocen la condición de un “obispo castrense”  recordando además el comportamiento “vergonzante” de algunos obispos que ejercieron ese cargo como Adolfo Tortolo (1911-1986) y José Miguel Medina (1916-1990) colaboradores de la dictadura militar.

Extraoficialmente se conoció que el malestar de laicos católicos por las declaraciones de Olivera le fue trasladado al presidente de la Conferencia Episcopal, Oscar Ojea, y la preocupación transmitida también al papa Francisco, sin que por el momento se hayan producido reacciones institucionales sobre el tema a pesar de que esta misma semana estuvo reunida la Comisión Permanente del Episcopado.