Por Eduardo Berdejo

Buenaventura, ubicada en la costa Pacífico, ha vivido asolada los últimos años a causa de los enfrentamientos entre las bandas criminales de Los Shottas y Los Espartanos por el control de la ciudad.

Pero en septiembre de 2022 ambos grupos manifestaron su intención de acogerse al plan de Paz Total del gobierno de Gustavo Petro, para lo cual en octubre acordaron una tregua —con la intermediación de la Iglesia— que llevó a una paulatina disminución del número de asesinatos, hasta llegar a cero muertos hacia finales de año.

Este nuevo escenario hizo que medios y autoridades calificaran a Buenaventura como un “laboratorio de la paz” para otros acuerdos con bandas armadas que no gozarían del estatus político, como es el caso del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Sin embargo, en las últimas semanas los actos violentos han vuelto a la ciudad. De acuerdo a la prensa local, esto sería consecuencia de la desaparición el 9 de abril de alias Super, quien formaba parte de Los Shottas. Pese a ello, la oficina del Alto Comisionado para la Paz aseguró a finales de ese mes que ambas agrupaciones habían renovado su Pacto por la Vida.

En declaraciones difundidas el 19 de junio por la agencia Infobae, Mons. Jaramillo explicó que el problema en Buenaventura se origina en “la falta de gobernanza y de institucionalidad”, pues en los barrios son las bandas las que mandan.

“Acá el Estado no viene. No hay inversión social, no hay desarrollo, no hay oportunidades. Ahí no hay nada más que hacer. Si hubiera gobernanza, nada de eso pasaría”, aseguró.

Sobre el diálogo con las bandas, el prelado señaló que en un inicio se creyó que la mesa de negociaciones se instalaría en uno o dos meses. Sin embargo, “esta etapa se ha alargado desde el mes de septiembre (2022) tratando que estos grupos mantengan la luz de la esperanza y que vean que la salida negociada es lo mejor para ellos y para una sociedad que está demandando paz y rechazando todo tipo de violencia”.

El Obispo de Buenaventura explicó que durante este tiempo ha habido diálogos privados, en los que también ha participado un representante de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

En ese sentido, aunque actualmente “estamos en un punto complicado” por el regreso de la violencia, el prelado expresó su confianza en que la mesa de negociaciones “en unos 15 días ya esté instalada acá en Buenaventura”.

No obstante, indicó que es necesario que “se apruebe la ley de sometimiento” —cuyo proyecto fue presentado en el Congreso el 15 de marzo—, porque será el marco jurídico para tratar con las bandas criminales “y con eso la negociación tendría valor”. “Mientras tanto, esta mesa va a ser más de buena voluntad”, apuntó.

Mons. Jaramillo recordó asimismo que en todo este proceso el papel de la Iglesia Católica es de acompañamiento, tal como sucede en las negociaciones con el ELN.

“Nosotros no somos negociadores, porque no tenemos nada que negociar, no nos toca. El que negocia es el Gobierno”, y la Iglesia cumple con ser mediadora y pacificadora, afirmó.

El Obispo de Buenaventura destacó que el objetivo de la Iglesia es “salvar vidas” y proteger la dignidad humana. “Para nosotros, la convicción es que tiene que haber una salida negociada al conflicto y no violenta”, reiteró.