Monseñor Jorge Eduardo Lozano, arzobispo de San Juan de Cuyo y miembro de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, reflexionó sobre uno de los pedidos expresados con un pañuelo de color naranja: la separación entre Estado e Iglesia. 

En su mensaje dominical fue claro: "no se puede separar lo que no está unido".

En el texto completo encontrá el por qué:

"En estas semanas se está hablando en diversos medios acerca de la necesaria separación de la Iglesia y el Estado. ¿Qué es lo que está detrás de esta afirmación?

Por un lado debemos aclarar lo que decimos en el título del artículo: no se puede separar lo que no está unido. Una cuestión obvia. Tal vez lo que se pretenda es definir mejor o con mayor claridad el modo de vinculación que se debe dar entre una comunidad de fe (la Iglesia Católica con presencia previa a la Constitución de la Argentina) y el Estado. En este sentido es bueno darnos un momento para el debate y el intercambio de ideas.

Uno de los argumentos que se esgrimen está ligado a lo económico, cuestionando que el Estado nacional dedique algo de dinero a la Iglesia. Sin intención de desplegar una historia pormenorizada del tema, es bueno recordar que hasta 1822 las comunidades de la Iglesia Católica se autosostenían, cosa que se dificultó cuando el gobierno de ese tiempo decidió expropiar los bienes eclesiásticos. Desde entonces hasta ahora el Estado ha ido financiando de modos diversos y a modo de compensación aquella expropiación. Digamos también que ese aporte económico nunca fue significativo ni para el Estado ni para la Iglesia. Hoy ese monto implica un 0,04 % del presupuesto nacional; podría decirse, casi testimonial. Montar un debate nacional sobre este tema desde el marco del presupuesto anual es distraer la atención de los aspectos más importantes a considerar en esa herramienta a votar en el Congreso: las economías regionales, la inflación, las tarifas, las jubilaciones…

Desde el punto de vista internacional, muchos países han firmado tratados con el Estado Vaticano, Brasil entre ellos en tiempos de la presidencia de Lula da Silva, al que no se puede tildar de conservador. La Argentina tiene un “concordato” firmado en 1966. Allí se expresa que los vínculos entre el Estado y la Iglesia se definen con dos palabras: autonomía y cooperación.

La autonomía se explicita en que ambos designan sus propias autoridades por mecanismos independientes, deciden sus prioridades, conducen sus espacios y comunidades. La cooperación se da en aquello que hace a la búsqueda del bien común, la atención a los pobres, la educación…

Pongamos algunos ejemplos. La seguridad alimentaria es responsabilidad irrenunciable del Estado; sin embargo, en varias capillas funcionan comedores que suman voluntarios a la ayuda estatal o de organismos internacionales para reforzar la alimentación. En este mismo sentido mencionamos la responsabilidad en el campo de la salud; y también en esta área contamos con centros de recuperación de adictos a las drogas que dan respuestas en lugares en los cuales el Estado está ausente o se reconoce con insuficiencia de respuestas. Si sumamos estos recursos humanos, operativos, profesionales, seguramente exceden en el monto a los aportes económicos que se mencionan en los debates.

Un dato no menor es recordar que la Constitución Nacional reformada en 1994 ha incorporado los Pactos Internacionales que reconocen la libertad religiosa —de individuos y comunidades— como integrante de los Derechos Humanos a ser tutelados y garantizados por el Estado. Esta es una mirada superadora de la llamada libertad de culto, ya que tiene en cuenta los estilos de vida y convicciones que no se limitan únicamente a la dimensión interior de la fe.

Con estas breves consideraciones podemos concluir que hablar de “separación” de la Iglesia y el Estado es un debate anacrónico y obsoleto, ya que no estamos en un Estado confesional ni en una Iglesia Estatal. Un laicismo agresivo que silencia la integralidad de los Derechos Humanos pretende erradicar (a veces con violencia y actitudes patoteras) la religión de la vida pública, de la educación, la economía, los pobres… Se avasalla la libertad religiosa y de expresión de quienes tenemos convicciones de fe, y se desconoce el sentimiento religioso del pueblo. Son “Ideologías nuevas” con antiguas prepotencias totalitarias con aspiraciones imperiales.

Sin embargo, como comentaba al principio, es bueno promover un debate que busque aclarar y mejorar los vínculos actuales teniendo en cuenta los cambios de época y las experiencias de otros países que han avanzado en este sentido.

Es bueno pensar en mejorar el mecanismo y el criterio de las asignaciones económicas que se cuestionan. Seguramente por medio del diálogo se puedan encontrar alternativas superadoras. 

Esta semana en Buenos Aires, y hablando de respeto a las libertades, se realizó el Foro Interreligioso G20 que mira desde la fe distintos aspectos del desarrollo sostenible en nuestro planeta con el centro en la dignidad del hombre. Personas provenientes de muchas partes de nuestro querido y único mundo, y que profesan cada una su fe particular, debatieron, se escucharon en diversos idiomas y con diversas perspectivas en convivencia que llama la atención positivamente en otros puntos del globo. El Papa Francisco hizo llegar un mensaje del que te comparto un fragmento: “No es posible construir una casa común dejando de lado a las personas que piensan distinto, o aquello que consideran importante y que pertenece a su más profunda identidad. Hay que construir una fraternidad que no sea de ‘laboratorio’, porque el ‘el futuro está en la convivencia respetuosa de las diferencias, no en la homologación de un pensamiento único teóricamente neutral’ (Discurso al Consejo Pontificio para el diálogo interreligioso, 28 noviembre 2013)”.