Si no surge ninguna disidencia de última hora, la Iglesia producirá esta semana una clara señal de que se encamina a prescindir de modo progresivo del aporte económico del Estado –unos 140 millones este año-, que apenas representa el 7% del presupuesto eclesiástico, pero que conlleva una alta significación política.

En agosto, la conducción de la Conferencia Episcopal había anunciado la conformación de una comisión con representantes del Gobierno para estudiar cómo sería el desacople y mecanismos alternativos de financiamiento, que se viene reuniendo con cierta periodicidad. Pero ahora la voluntad de avanzar será ratificada por todos los obispos tras un debate durante su segundo y último plenario del año que sesionará desde este lunes y hasta el viernes en Pilar.

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El cónclave se realiza luego de la polémica por la misa que ofició el arzobispo de Mercedes-Luján, Agustín Radrizzani, a pedido de varios gremios opositores que contó con la presencia en primera fila de los camioneros Hugo y Pablo Moyano; de la actitud del presidente de la Pastoral Social, el obispo Jorge Lugones, de recibir al líder camionero un día después del pedido de detención de su hijo. y de que el Papa Francisco firmara tras la audiencia general de los miércoles una remera con la inscripción del lema que tuvo el oficio religioso “pan, paz y trabajo”- que le acercó una integrante de la fundación La Alameda, que encabeza Gustavo Vera.

Pese a que la Iglesia hace más de dos décadas decidió avanzar en su completo autofinanciamiento, no terminaron de fructificar los esfuerzos en ese sentido como la puesta en marcha de un llamado Plan Compartir para dotar de transparencia a su economía y crear conciencia entre los fieles sobre la necesidad de sostener su culto. Pero el más que dilatado objetivo para acabar con el aporte estatal que para muchos, incluso dentro de la institución católica, constituye una rémora, cobró un imprevisto impulso ante el debate por la legalización del aborto, cuando se alzaron voces reclamando la separación entre la Iglesia y el Estado.

Monseñor Oscar Vicente Ojea, obispo de San Isidro y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) Foto. Maxi Failla.

En rigor, la llamada “separación” se consumó en 1966 con la firma del Acuerdo entre el Vaticano y el Estado argentino luego de años de conversaciones. Cuestiones como la injerencia del Gobierno en la designación de obispos –que, en buena medida, ya era letra muerta- fueron suprimidas. Y se consagró la fórmula de “autonomía y cooperación” para regir la relación. La reforma constitucional del ’94 quitó la exigencia de ser católico para aspirar a la presidencia pero mantuvo el artículo 2 que dice que “el gobierno federal sostiene al culto católico”, lo que además respalda, en los hechos, un status jurídico relevante.

Por una ley de la última dictadura militar, el sostenimiento se tradujo en una asignación mensual a cada uno de los obispos (hoy alrededor de un centenar), que en la actualidad ronda los 40 mil pesos y otra pequeña a párrocos de frontera y seminaristas diocesanos. Este aporte –a los que se suman ayudas menores- totalizan $ 140 millones que está procurando prescindir la Iglesia. Aquí no figuran los subsidios a sus escuelas, tema que no integra las conversaciones en curso porque también lo reciben otros cultos pero ninguno por ser confesional, sino en base al principio de libertad de enseñanza.

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El contenido de las tratativas entre la Conferencia Episcopal y la secretaría de Culto de la Nación y la jefatura de Gabinete se mantienen en reserva. Históricamente se tuvo como referencia los sistemas de España, Italia y Alemania, donde el ciudadano destina una pequeña parte de sus impuestos a la religión a la que pertenece o a la ayuda social. Pero al parecer esos modelos fueron dejados de lado en las conversaciones, acaso porque implicaría una ley del Congreso con un farragoso debate. En cambio, colectas especiales -al estilo Cáritas- se considerarían más viables.

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Con todo, siempre queda la posibilidad de que el Estado otorgue beneficios impositivos u otorgue incentivos a quienes quieran donar que, por cierto, no deben alcanzar solo a la Iglesia católica, sino a las demás confesiones y, en general, a las entidades de bien púbico. Sea como fuere, la católica debe afrontar varios escollos. Ante todo, la escasa conciencia de sus fieles de sostener su culto, favorecido por la extendida creencia de que el Estado financia totalmente al catolicismo. Y la necesidad de que las diócesis con más recursos asistan a las de menores, además de un sistema de ayuda para obispos retirados.

Como contrapartida, destacan los expertos, la prescindencia de los fondos del Estado podría fortalecer el sentido de pertenencia a la Iglesia, acallar críticas de otras confesiones –en especial, las evangélicas- y de los ciudadanos no religiosos que se niegan a costearla con sus impuestos.