Andrés Gallardo ha provocado revuelos en Argentina con su defensa de los más pobres. Tanto que ha llegado a ser relevado. Ahora dirige un comité que aboga por los derechos sociales
Andrés Gallardo es un juez rebelde, con fundamentos –también jurídicos– en favor de los excluidos. Dedicado a esa tarea a lo largo de 20 años, ha conocido en Buenos Aires a magistrados y funcionarios judiciales, en especial a su compañero, Gustavo Daniel Moreno, asesor tutelar de menores con su misma creencia y similar práctica jurídica. Ambos han trabajado desde el ámbito judicial en el Fuero Contencioso Administrativo y Tributario, en alianza con los curas villeros, lo que ha ligado inevitablemente a estos dos jueces con la Iglesia católica. Gallardo y Moreno han sido los primeros trabajadores judiciales que han convocado a funcionarios de alto rango a inspecciones oculares en las villas miseria por la falta de energía eléctrica, agua y gas, y la escasez centros de salud, escuelas o viviendas. Sus medidas han provocado revuelos mediáticos y políticos, y la respuesta de los poderosos ha sido removerlos de sus puestos con juicios políticos o relevarlos de funciones, como le ocurre al asesor Moreno. Cobra su salario, pero sin poder actuar.
No se doblegan, en gran parte por el apoyo espiritual de Jorge Mario Bergoglio que, convertido en Pontífice, volvió a bendecirlos y a dar a conocer al mundo su actuación jurídica en favor de los descartados. De ahí que, hace año y medio, a partir de un coloquio en la Casina Pío IV de la Academia de Ciencias Sociales, creasen el Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU). Su segundo encuentro internacional, aunque virtual por la pandemia, tuvo lugar el 30 de noviembre. Este lunes el Papa Francisco dirigió por segunda vez un discurso a los miembros de 18 países distintos de América que integran esta red jurídica.
Con los cartoneros
«Conocí al Papa Francisco hace casi 17 años, de la mano de una amiga común, la exjueza y entonces defensora del Pueblo, Alicia Oliveira. Ella era muy amiga de Bergoglio y también nos teníamos un sincero afecto entre nosotros», explica Andrés Gallardo, presidente de COPAJU, a Alfa y Omega. «Ella me llevó a la catedral a visitarle. El encuentro fue muy provechoso y dio pie a otros en los que Alicia estuvo presente, aunque luego adquirimos autonomía. Con los años la relación se afianzó y los encuentros se hicieron regulares», recuerda. Lo que empezó por encuentros para temas puntuales «se convirtió en visitas para disfrutar de una buena charla o analizar algún tema de interés recíproco». A día de hoy, el juez se cartea con el Papa y lo visita en su residencia de Santa Marta.
En aquellos años en los que empezó la relación con el entonces cardenal, Gallardo y Moreno trabajaron en favor de los cartoneros –recicladores callejeros– y de sus hijos. Buscaban evitar que los menores trabajaran, y solicitaron al Gobierno porteño que entregase un subsidio para la escolaridad de los menores.
El Papa respalda a los movimientos populares del mundo. Por eso ofreció un apoyo inigualable a Gallardo –también con la ayuda de Sánchez Sorondo–, para que tuviese lugar en junio del año pasado el primer encuentro internacional de jueces. El discurso de Francisco para el acto inaugural fue un revuelo mundial, ya que denunció las prácticas del lawfare, muy aplicadas tanto en su país natal, Argentina, como en Brasil.
Expansión por toda América
COPAJU, en un año y medio de vida, ha organizado varios capítulos (Argentina, Brasil, Colombia, Perú y EE. UU.), con el soporte de la página web (copaju.org) donde comunican sus trabajos, especializados en la visión franciscana de los derechos. También realizaron acciones en defensa de magistrados que fueron perseguidos por los poderes económicos y políticos al apoyar los derechos de los más pobres.
El juez Gallardo sueña con la expansión de COPAJU por toda América. «Pronto será el turno de México, Uruguay y Paraguay. Habrá avances notables en Bolivia y la sorpresa será seguramente la unión de Cuba y Venezuela», desvela. «Creo que el siguiente paso será consolidar las formas de comunicación y la acción conjunta para motorizar nuevas expresiones judiciales, y el desarrollo de bases académicas como cursos, bibliografías o formar parte de universidades».
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