Por Giulio Albanese

El Gran Mufti de Arabia, Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah, declaró el pasado 15 de marzo que “es necesario destruir todas las iglesias presentes en la región del Golfo”, luego de la decisión del gobierno de Kuwait de prohibir la edificación de lugares de culto cristianos en su propio territorio. ¿Por qué hasta ahora los políticos occidentales no han protestado ante las autoridades de Ryad contra afirmaciones tan aberrantes por parte de su líder religioso? Sí, porque por un lado nosotros los occidentales manifestamos nuestra indignación por las víctimas del terrorismo islámico, por otro nuestros gobiernos siguen haciendo negocioso con los principados de la Medialuna. Las nuestras son auténticas lágrimas de cocodrilo y tiene razón el Papa Francisco cuando afirma: “Nuestro silencio es cómplice”. ¿Qué hacer? 

La propaganda salafita a la que me referí, en efecto, encuentra su colocación jurídica en la sharia, una tendencia que viola patentemente la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, aprobada el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. No es casualidad que fueron muy pocos los países de religión islámica que participaron a la elaboración de esa Declaración. Muchos ingresaron sucesivamente en la ONU y aceptaron una adhesión de principio a la misma Declaración pero sin ratificar y firmar el conjunto de acuerdos y protocolos.  

En los últimos treinta años, algunos organismos islámicos han formulado específicas declaraciones que se inspiran a la visión occidental, aunque manteniendo en su esencia un enfoque teocrático. El problema de fondo es que en el mundo islámico la concepción de los derechos humanos se encuentra fuertemente condicionada por la propia especifica identidad cultural. Bastaría con leer la Declaración Universal de los Derechos del Hombre en el Islam, adoptada en 1981 por el Consejo Islámico de Europa, como también la Declaración del Cairo de 1990 elaborada por la Organización de la Conferencia Islámica, para darse cuenta de la fuerte influencia de la componente teológica islámica y de la constante referencia a las normas de lasharia. 

Sólo en la Carta Áraba de los Derechos del Hombre de 1994 es posible encontrar un valor jurídico de alguna manera más laica, que se puede atribuir a la necesidad de alinearse, en el plano formal y en la medida de lo posible, a los estándares internacionales sobre los derechos humanos. Sin embargo, al examinar estas Cartas islámicas surgen dudas acerca de poderlas considerar, desde el punto de vista jurídico, documentos islámicos de codificación de los derechos humanos. En la mayor parte de los casos, se trata de Cartas con una fuerte connotación declaratorias, que no prevén, por ejemplo, la institución de mecanismos de control efectivo sobre la actuación de los diferentes Estados.

¿Se puede llevar a la razonabilidad al Islam integralista? Si es cierto que el mundo islámico debe superar los condicionamientos impuestos por la teocracia, por lo que la religión se manifiesta como la otra cara de la política, rechazando el desafío que impone la historia, también es cierto que ese mundo es la primera víctima de los terroristas que pretenden asesinar en nombre de Dios. Cabe recordar el mensaje de los encuentros interreligiosos de Asís, instituidos por Juan Pablo II, que han siempre estigmatizado el engaño, al afirmar que cualquiera que se profese religioso debe, por vocación, promover la paz.  

Finalmente, también Occidente debe asumir sus responsabilidades. En estos años, las grandes democracias occidentales han hecho poco o nada para ayudar a la sociedad civil árabe a salir del letargo y sostener política y económicamente los sectores intelectuales islámicos moderados. Un desafío que, considerados los tiempos, debe ser aceptado.