Por Mariano De Vedia

Pocos días antes de la fecha patria del 25 de Mayo y en momentos en que el Gobierno mantiene una fuerte ofensiva contra la Corte Suprema de Justicia, la Iglesia pidió a la dirigencia política “fortalecer la democracia, asegurando la transparencia e independencia del Poder Judicial respecto del poder político”.

El pronunciamiento se conoce en las puertas de la campaña electoral y en momentos en que el kirchnerismo impulsa un proceso para remover a los jueces del máximo tribunal de Justicia, a partir del juicio político promovido en la Cámara de Diputados de la Nación. Coincide, además, con la reciente revelación del papa Francisco, quien en un encuentro con jesuitas en Hungría dijo que fue perseguido por el kirchnerismo, cuando se desempeñaba como arzobispo de Buenos Aires.

A través de un documento de la Comisión Nacional de Justicia y Paz, que recoge las preocupaciones expresadas por los obispos en la última asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina, la Iglesia reclamó “combatir la corrupción en todos sus niveles”, llevar adelante políticas de desarrollo sustentable y estabilidad económica, y dejar atrás los “intereses sectoriales”, en favor del bien común.

El pronunciamiento se elaboró teniendo en cuenta los aportes que compartieron los obispos en las instancias de intercambio pastoral de la reciente asamblea plenaria, que reunió a un centenar de obispos y fue presidida por el titular del Episcopado, monseñor Oscar Ojea. El texto se presenta con el título “Pautas básicas para la construcción de consensos”.

En el documento, la Iglesia llama a “reconstruir la confianza en nuestro país y con ella, el sentido de pertenencia, generando un acuerdo político y social, con primacía del bien común por sobre los intereses sectoriales”.

También pide “trabajar por la dignidad de todas las personas que habitan la patria, en particular los más pobres y débiles, cuidando la vida desde su inicio hasta su fin natural”.

La Comisión Nacional de Justicia y Paz es un organismo integrado por laicos, que depende del Episcopado. Creado en 1968, a instancias del Concilio Vaticano II, su finalidad es promover el compromiso de dirigentes de distintos campos de la sociedad para promover los valores de la justicia y la paz, especialmente en escenarios de confrontación. Su actual presidente es el abogado y profesor universitario Humberto Podetti.

El jueves próximo se espera un nuevo pronunciamiento de la Iglesia, cuando el arzobispo de Buenos Aires, cardenal Mario Poli, encabece el tedeum en la Catedral metropolitana, ante la festividad del 25 de Mayo. Frente a la instancia electoral, en la última asamblea del Episcopado los obispos pidieron propuestas “concretas y realistas” y no “soluciones seductoras e inconsistentes”.

Estabilidad económica

Frente a la crisis, la Iglesia reclama la implementación de “políticas de desarrollo sustentable y estabilidad económica, estimulando la generación de trabajo digno e incrementando la participación del salario en la economía, facilitando las inversiones necesarias para la generación de puestos de trabajo genuino y garantizando el acceso al sistema de seguridad social a todas las personas que trabajan, cualquiera sea la condición en que lo hagan”.

Además de fortalecer la democracia y asegurar la “transparencia e independencia del Poder Judicial” el documento transmite el reclamo de “extender la educación para todos los habitantes, en todos los niveles, respetando la pluralidad y los valores humanistas de nuestra cultura, libres de toda ideología reductiva y propiciando el desarrollo de la formación en oficios”.

En el mismo sentido, los obispos, a través del documento de Justicia y Paz, piden a la dirigencia política “contribuir y estimular el desarrollo científico y tecnológico al servicio de la persona humana”.

En sintonía con los lineamientos del papa Francisco en la encíclica Laudato si, e texto promovido por las autoridades del Episcopado puntualiza la necesidad de “atender los derechos de los pueblos originarios y cuidar los bienes naturales de la casa común, impulsando su aprovechamiento mediante tecnologías respetuosas de la naturaleza y de las personas, estableciendo mecanismos efectivos de control social”.

Otro reclamo de la Iglesia apunta a “intensificar la lucha contra el narcotráfico y la trata de personas, ampliando la protección a las mujeres y demás personas vulnerables”.

Y pide “incrementar el cuidado y acompañamiento de las personas que sufren problemas de adicción, en particular niños y adolescentes”.