Por Guillermo Villarreal

“La casa no está en orden”. En el marco de la Semana Santa y la celebración de la Pascua, la Iglesia criticó el modelo económico del presidente Javier Milei y el ministro Toto Caputo apelando a la negativa de aquella frase que pronunció el presidente Raúl Alfonsín desde el balcón de la Casa Rosada tras el levantamiento carapintada de 1987.

Las autoridades eclesiásticas evitan ir al choque discursivo con el team libertario de Balcarce 50, aunque la cúpula episcopal ya le advirtió al Presidente sobre la situación social cuando lo visitó el 12 de marzo; mientras que las organizaciones laicales católicas salen a rechazar el programa de la administración mileísta denostando sus ejes principales y advirtiendo sobre su impacto en los sectores más vulnerables de la sociedad.

Fuentes eclesiales consultadas por Letra P marcan como punto de inflexión, de la ruptura del silencio, los cien días de la gestión de La Libertad Avanza y las vísperas de la Pascua cristiana, pero, sobre todo, el hecho de que ni Milei ni Toto Caputo se movieran un ápice de su idea de déficit cero a rajatabla y su plan de ajuste sobre la variable de la licuación de salarios y jubilaciones.

Clamor eclesial por el ajuste

El pronunciamiento más duro sobre el modelo provino de la Comisión Nacional de Justicia y Paz, que criticó “el enorme grado de insensibilidad social” de las autoridades gubernamentales para ejecutar el plan motosierra y advirtió sobre la situación con números: persistente caída de los salarios del sector público (25%) y privado (19,3%).

El organismo, integrado mayormente por personas laicas, dependiente de la Conferencia Episcopal Argentina y que tiene como asesor al obispo jesuita Jorge Lugones (Lomas de Zamora), también expresó su preocupación por el hecho de que el shock de ajuste haya recaído sobre la cuenta de Jubilaciones y pensiones contributivas, que, a valores reales, fue de -38,1% interanual.

En igual sentido se pronunció el equipo de Pastoral Social de Catamarca al señalar que “el ‘déficit cero’ no debe ser el principio organizador y ordenador de la economía de la sociedad, sino las necesidades básicas de las personas, especialmente de las más desvalidas y frágiles”; y al exhortar a las autoridades nacionales y provinciales a que “revisen sus decisiones políticas, de modo tal que no paguen las consecuencias los que menos tienen”.

¿Nuevo plan de exterminio?

La Vicaría de Solidaridad de la diócesis de Quilmes se pregunta si el programa económico libertario es “un nuevo plan sistemático” de exterminio como el perpetrado por la última dictadura militar y lo compara con el modelo menemista. “Lo que que está ocurriendo actualmente se parece mucho a la entrega de los años 90, que supo parir aquel dolor social de 2001”, señaló.

Javier Milei y su gabinete en la catedral

Los equipos de Pastoral Social y Cáritas de la diócesis de Merlo-Moreno hicieron una crítica durísima a la gestión de Milei y Caputo. “Los responsables del gobierno nacional -indicaron- sólo se preocupen de que cierren las cuentas y no miran a los hermanos heridos por las medidas que se van tomando”.

Objeciones a las postulaciones a la Corte

Otra organización laica conexa al episcopado y con un sacerdote como asesor doctrinal, también utilizó el contexto pascual para objetar elípticamente a los dos candidatos propuestos por Milei para integrar la Corte Suprema de Justicia, el juez federal Ariel Lijo y el catedrático Manuel García-Mansilla.

La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), que, como contó Letra P, aspira a tener su santo propio, recordó que quienes ocupen esas sillas deben ser personas “íntegras y honestas” comprometidas con el cumplimiento imparcial de la ley y la defensa de los derechos fundamentales de la ciudadanía.

El Círculo Rojo cristiano presidido por Silvia Bulla, la primera mujer en más de 70 años en estar al frente de la institución, ni siquiera necesitó poner los nombres de los dos nominados por el Poder Ejecutivo al máximo tribunal para objetarlos. Simplemente citó la doctrina del papa Francisco sobre el perfil que deben tener quienes ejercen esa responsabilidad suprema en la administración de justicia.

ACDE reclamó en forma puntual a las autoridades "un proceso de selección riguroso, que garantice la designación de funcionarios comprometidos con la justicia y la equidad”, y pidió que se tenga en cuenta la paridad de género en la elección de quienes integrarán la Corte.