Tres de los obispos que participan en la audiencia que se lleva a cabo en la sede de Washington de la CIDH, provenientes de diócesis de Brasil, Guatemala y Perú, afirman que comparten un mismo problema en la región.

El obispo peruano Pedro Barreto, presidente del departamento de Justicia y Solidaridad del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), destaca la creación reciente de la Red Eclesial Pan Amazónica (REPAM): “Es un espacio de diálogo y de apoyo mutuo, porque que en los seis millones de kilómetros cuadrados de la Amazonia los problemas son parecidos. Las poblaciones indígenas y ribereñas se ven afectadas en sus derechos fundamentales. Son unos 35 millones de hermanos y hermanas”.

Por su parte, monseñor Roque Paloschi, obispo de Roraima, refiriéndose a datos de la ONG Global Witnes, afirma que son brasileños 36 de los 147 ambientalistas asesinados en el mundo. Su región padece uno de los más graves conflictos en las tierras indígenas del país, en la reserva Raposa Serra do Sol. Monseñor Paloschi también menciona el caso de Erwin Kräutler, obispo de Xingú  quien “tiene protección policial hace varios años debido al conflicto por la hidroeléctrica de Belo Monte. Estas empresas se están construyendo sin las debidas consultas, que suelen ser vejatorias con la población: la legislación no es respetada”.

“Hay en la Amazonia una avalancha de proyectos armados por el gran capital, pero también está la extracción ilegal: la minería es muy fuerte, pero en Roraima avanza el agronegocio y la monocultura de caña, soya, palma y eucalipto”, precisa Paloschi.

Acerca de la actividad extractiva, Barreto aclara que no hay una oposición absoluta: “La iglesia tiene un anuncio muy claro, en algunas zonas esta actividad no puede darse, como las reservas, ni tampoco si hay vulneración directa de los derechos humanos”.

El obispo de la diócesis guatemalteca de Huehuetenango, Álvaro Ramazzini, espera que la audiencia en la CIDH ayude a que se visualice más la problemática que se señala y “que se oigan las voces de las poblaciones indígenas, empobrecidas con las consecuencias de esta actividad extractiva que va contra el medio ambiente. Queremos hacer visible una problemática que no es bien conocida y menos aún comprendida”.

Ramazzini agregó que en su país las operaciones de mineras canadienses, pese a que deben respetar estándares del Banco Mundial, no son fiscalizadas ni han sido objeto de consulta previa de los pueblos indígenas de acuerdo al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. “La violencia – agrega Ramazzini – se ve más en la minería de oro y de plata, aunque también la minería no metálica —de grava, piedrín y arena— está causando daños sobre cuencas y caudales de ríos y por ello nos enfrentamos a inundaciones".