La Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados tratará este martes los proyectos que proponen crear un sistema de juicio en ausencia, que permitía completar el proceso contra los iraníes acusados por la voladura de la sede de la AMIA.

El jueves se cumplen 25 años de la tragedia y en el oficialismo negociaban esta noche con la oposición para llegar a la mayoría de las firmas y emitir dictamen del proyecto del diputado del PRO Daniel Lipovetzky, que consideraban el más completo de los cuatro presentados hasta ahora.

Como anticipó LPO, Lipovetzky presentó la iniciativa en noviembre, la consensuó con el ministro de Justicia Germán Garavano y se lo anticipó a los directivos de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (Daia), donde siempre hubo resistencias a terminar el juicio por la AMIA con sillas vacías.

La interna de la comunidad complica la ley de juicio en ausencia para el caso Amia

Nada cambió: durante la sesión informativa realizada en Diputados, referentes de la entidad judía le admitieron ante los diputados que su interna sobre este tema no cesó, pero se comprometieron a no detener la ley si avanza en el Congreso.

No fue un año fácil para la convivencia de la comunidad: en enero, el presidente de la AMIA, Agustín Zbar, le pidió a la Daia desistir como querellante en la causa contra Cristina Kirchner por el memorándum de entendimiento con Irán, que permitía juzgar a los responsables del atentado en tribunales de su país. La ola de repudios lo obligó a tomarse licencia por "tiempo indefinido".

El juicio en ausencia, justamente, fue promovido 2014 por la oposición de entonces, liderada por Patricia Bullrich, en respuesta al desafío de Cristina Kirchner para encontrar un mecanismo que permita interpelar a los iraníes sin viajar a su país.

La Daia tiene una interna sobre la viabilidad del juicio en ausencia, pero se comprometió a no oponerse públicamente. Cambiemos buscará un dictamen este martes. 

Cuando asumió Mauricio Macri, creó una unidad de investigación Amia a cargo de Mario Cimadevilla, quien negoció con los senadores peronistas presentar una ley para instrumentar esta herramienta. Pero nunca avanzó, porque Miguel Pichetto quedó esperando una llamado de Garavano que nunca llegó.

Este martes la diputada radical Gabriela Burgos, presidenta de la comisión de legislación penal, no espera indicaciones de la Casa Rosada para tratar el proyecto y confía en las firmas de sus colegas del Frente Renovador y Argentina Federal para alcanzar un dictamen de mayoría y llevarlo al recinto en la próxima sesión.

La mayor resistencia de Cristina a esta ley era su presunta inconstitucionalidad, una interpretación diferente a la que tuvo el camarista Eduardo Farah en los fundamentos del fallo que declaró violatorio de la carta Magna el acuerdo con Irán.

En un fragmento consideró "necesario el dictado de una ley que regule el procedimiento a aplicar para el juzgamiento en ausencia y que prevea asimismo las seguridades que habrán de darse a toda persona, de ser condenada en esas condiciones, de ser oída, permitirle el ejercicio del derecho de defensa y obtener una amplia revisión de su caso mediante el dictado de una nueva sentencia". 

En diálogo con LPO, Burgos explicó que las garantías constitucionales estarán cumplidas "con la posibilidad del imputado de acceder a los procesos a través de un defensor", una vez iniciado el juicio. Si entendiera que ese derecho le fue vulnerado, hasta podría recurrir la sentencia.