La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) expresó su preocupación por la propuesta de reforma judicial que el Poder Ejecutivo envió al Congreso y advierte que la iniciativa es "improvisada" y "sin el necesario apoyo de estudios de campo serios que la justifiquen".

En una declaración, los empresarios cristianos detallaron los puntos “más objetables” de la iniciativa, entre ellos la designación de 23 jueces federales penales subrogantes mediante un procedimiento ajeno al previsto en la Constitución.

Tras estimar necesaria una reforma judicial integral, abogaron para que los cambios sean “fruto del diálogo con los distintos sectores políticos y sociales y no puede estar sospechada de responder exclusivamente a conveniencias políticas partidarias”.

ACDE exhortó al Gobierno nacional a que "reflexione, y no se embarque solo, a espaldas de la sociedad, en un proceso de reforma sesgado e inadecuado".

Texto de la declaración

La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) ve con preocupación la propuesta de una denominada reforma judicial orientada a incrementar el número de jueces penales federales, propuesta  en forma improvisada sin el necesario apoyo de estudios de campo serios que la justifiquen.

Los puntos de la reforma más objetables son: la designación de 23 jueces federales penales subrogantes mediante un procedimiento ajeno al previsto en la Constitución, que carecerán de estabilidad, atributo esencial para asegurar la independencia de la Justicia; y la posibilidad de reducir a una mayoría absoluta, en lugar de dos tercios del Senado, los votos necesarios para cambiar al procurador general de la Nación.

Ciertamente es necesaria una reforma judicial integral que contemple en forma coordinada el aspecto humano, instaurando sistemas de formación y selección de jueces que aseguren su idoneidad y honestidad; el aspecto funcional, invirtiendo en tecnología y sistemas necesarios para agilizar los trámites a fin de superar la lentitud de los procedimientos; el aspecto institucional para restaurar la confianza ciudadana en sus jueces.

Pero esta reforma integral debe ser fruto del diálogo con los distintos sectores políticos y sociales y no puede estar sospechada de responder exclusivamente a conveniencias políticas partidarias y, menos aún, orientada a asegurar la impunidad a funcionarios sometidos al debido proceso legal.

Como afirma Juan XXIII en su encíclica Pacem in Terris (27), la paz y el orden en la humanidad se basan, entre otros derechos, en «el inalienable derecho del hombre a la seguridad jurídica». En ACDE estamos convencidos de que ello solo se logra con la absoluta independencia del Poder Judicial.

Llamamos al Gobierno a que reflexione, y no se embarque solo, a espaldas de la sociedad, en un proceso de reforma sesgado e inadecuado.