La Iglesia marca diferencias con el oficialismo mientras las autoridades apuran iniciativas que buscan agravar las acciones contra la delincuencia. Los últimos mensajes del Gobierno, comandados por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el anuncio de un nuevo protocolo de acción policial, despertaron inquietud y motivaron iniciativas que suman tensión en la relación entre el clero y las autoridades. Pronunciamientos de obispos, gestos y declaraciones en estricto off muestran que existen profundas diferencias en este campo, que se suman a las que ya se han cristalizado en materia de temas sociales y laborales.

La lucha contra la “mano dura” de distintos referentes de la Iglesia no es una novedad, pero en este caso ocurre en un momento de fuertes diferencias entre las autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) y la administración Cambiemos. El jueves, monseñor Oscar Ojea, titular de la CEA, compartió un acto con Aníbal Bachir Bakir (Centro Islámico de la República Argentina), Agustin Zbar (Asociación Mutual Israelita Argentina) y los co-presidentes del Instituto de Diálogo Interreligioso Guillermo Marcó, Omar Abboud y el rabino Daniel Goldman.

El encuentro, tuvo como objetivo reafirmar “la vocación de diálogo interreligioso” y “la voluntad de las comunidades de convivir en armonía”.   El mismo fue acompañado por el secretario de Culto, Alfredo Abriani, y la diputada oficialista Cornelia Schmidt. Sin embargo, también encierra un mensaje importante al Ejecutivo, porque ocurrió un día después de que fueran liberados los hermanos Axel Ezequiel Abraham Salomon y Kevin Gamal Abraham Salomon, presuntos simpatizantes del Hezbollah.

El caso generó rechazo en la comunidad islámica, especialmente por las declaraciones de la ministra Bullrich al respecto, consideradas por muchos como “estigmatizantes”. Por este caso, el jefe de Gabinete Marcos Peña recibió a representantes de la colectividad islámica. Otros hechos. Otro mensaje importante, que contó con el aval de la CEA, había llegado hace dos semanas. Fue la carta de los obispados de San Justo y Lomas de Zamora, donde se denunció a partir del caso de la comisaría 3ª de Esteban Echeverría, donde un incendio ocasionó la muerte de ocho personas cuando estaban alojados allí más del doble de los detenidos para los que tiene capacidad. El texto, firmado por los obispos Jorge Lugones (de Lomas y titular de la Pastoral Social) y Eduardo García, San Justo, también apunta al “hacinamiento en el sistema penitenciario”.

También recordaron el asesinato de un militante de la CTEP durante un conflicto por tierra y otros sucesos, al llamar a que la presencia del Estado termine con las “tierras de nadie” donde, aseguran, “gobierna la marginalidad y la droga bajo la complicidad de ciertos sectores de la seguridad”. Este discurso es parte de la línea que llevan figuras clave de la Iglesia, como los obispos “villeros” Gustavo Carrara y García Cuerva, que en un pronunciamiento junto a curas que trabajan en los barrios indicaron que se necesita más “presencia de las fuerzas, pero sin excesos”. Una fuente calificada reconoció que entre los obispos hay preocupación por el accionar de las fuerzas de seguridad y el discurso del Gobierno, en un contexto de tensión social por la situación económica, temen que este tipo de medidas agrave un panorama de por sí preocupante.