De aprobarse esta iniciativa legal complicaría aún más las relaciones con Irán. Altos funcionarios del gobierno de Teherán están acusados de ser los autores intelectuales de los atentados contra la embajada de Israel (1992) y la AMIA (1994) ejecutados por el Hezbollah del Líbano y ahora podrían ser juzgados en ausencia en Argentina, como hizo Francia con el represor Alfredo Astiz por la desaparición de las monjas francesas en los noventa.

El gobierno teocrático iraní siempre se negó a extraditar a sus ocho ciudadanos que están acusados por el ataque a la mutual judía que dejó un saldo de 85 muertos. En 2010, la ex presidenta Kirchner dio un giro de 180 grados y firmó el Memorándum de Entendimiento con Irán y terminó procesada por la denuncia del ex fiscal Alberto Nisman.

Por implicancia nacional e internacional de este proyecto los presidentes de los bloques de la UCR Rodrigo Loredo; del PRO Cristian Ritondo y de La Libertad Avanza, pidieron al titular de la Cámara de Diputados Martín Menem votar el jueves el proyecto en el recinto y por sus apoyos parece que sería aprobado.

En julio de este año, los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, enviaron un proyecto de juicio en ausencia al Congreso muy amplio que no solo incluía los delitos de terrorismo y violaciones a los derechos humanos, sino también narcotráfico.

Pero en intensos debates conjuntos en las comisiones de Legislaciones Penal y Justicia que presiden los diputados Laura Machado (PRO) y Manuel Quintar (La Libertad Avanza), se consensuaron el oficial y otros y se decidió limitar esta nueva figura procesal a delitos incluidos en el Estado de Roma de la Corte Penal Internacional y la Convención Interamericana contra el Terrorismo, que fueron ratificados por la Argentina.

Así el dictamen de mayoría establece que “el juicio en ausencia será aplicable únicamente en aquellas causas en las que se investigue la comisión de delitos cometidos en el territorio nacional, o cuando sus efectos se produzcan en el mismo o en los lugares sometidos a su jurisdicción”. Y precisa que se trata de delitos cuya prevención, investigación o sanción sea objeto:

– Del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (artículos 6, 7, 8 y 8 bis) aprobado por Ley Nº 25.390 e implementado por Ley Nº 26.200.

– “De alguno de los instrumentos aplicables conforme el artículo 2 de la Convención Interamericana contra el Terrorismo, aprobada por Ley N° 26.023, sean hechos cometidos en lugares públicos o privados”.

Pero para la procedencia del juicio en ausencia, que será inédito en la historia judicial argentina, deberán cumplirse los siguientes requisitos:

– El juicio en ausencia procederá únicamente contra un imputado declarado rebelde.

– Será en el caso que conociendo la existencia del proceso en su contra no se presentare, no respondiere, no acatare o eludiere los requerimientos de la autoridad judicial;

– Se hubieren hecho intentos razonables por tenerlo a derecho, con resultado infructuoso; se considera que se han hecho intentos razonables por tenerlo a derecho, entre otros casos.

– Transcurridos cuatro meses desde el dictado de una orden de captura nacional o internacional, el imputado no pudo ser hallado.

– El requerimiento de extradición formulado por la Justicia Argentina “a un país extranjero ha sido denegado o no ha tenido respuesta en el plazo establecido, siempre que el poder ejecutivo nacional no hubiese admitido el juzgamiento en aquel país conforme a lo previsto en el artículo 64 de la ley de Cooperación Internacional en materia penal.

Además, el juez deberá nombrar un defensor de oficio al imputado y se le respetarán los derechos conferidos por el Código Penal y otras leyes aplicables serán ejercidos por su defensor.

En total solo se modifican ocho artículos a los Códigos Procesal Penal y Penal y no se toca la Constitución Nacional.

De aprobarse en el Congreso, se podrá hacer un juicio en ausencia al ex ministro de Defensa de Irán, Ahmad Vahidi; al exministro de Información Ali Fallahijan, al actual viceministro de Economía Mohsen Rezai, al exagregado de la embajada de Irán en Buenos Aires Moshen Rabbani y al exdiplomático Ahmad Reza Ashgari. Además, se podría juzgar al expresidente iraní Ali Akbar Rafsanjani, al excanciller Alí Akbar Velayati y al ex embajador en Buenos Aires Hadi Soleimanpur. Todos están imputados como autores intelectuales mientras que el Hezbollah del Líbano está acusado de haber mandado el grupo operativo que cometió el ataque que mató a 85 personas.

En cambio, Imad Mughniyeh, jefe de la Jihad Islámica del Hezbollah, murió en el 2008 en Siria cuando voló su auto. El ataque fue adjudicado a los servicios de inteligencia de Israel.

En los últimos dos años se solicitó también la detención de Samuel El Reda Reda, considerado el jefe del grupo operativo que actuó en Buenos Aires y el fiscal de la UIF AMIA Sebastián Basso pidió la captura internacional de cuatro libaneses Hussein Mounir Mouzannar, Alí Hussein Abdallah, Farouk Abdul Hay Omairi y a Abdallah Salman (alias) José El Reda por colaborar con el primero.

El dictamen de mayoría tiene las firmas de Laura Rodríguez Machado (PRO), Manuel Quintar (La Libertad Avanza), Mariano Campero (UCR), Patricia Vásquez (PRO), Alida Ferreyra (La Libertad Avanza), Carolina Píparo (LLA), Oscar Agost Carreño (PRO), Alberto Arancibia Rodríguez (LLA), Alejandro Bongiovanni (PRO), Gabriel Bornoroni (LLA), Gabriela Brouwer de Koning (UCR), Marcela Campagnoli (Coalición Cívica de Carrió), Ana C. Carrizo (Democracia para Siempre de Lousteau), Soledad Carrizo (UCR) y Nicolás Emma (LLA).

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También firmaron el dictamen de mayoría Alejandro Finocchiaro (PRO), Álvaro González (PRO), Fernando A. Iglesias (PRO), Silvia Lospennato (PRO), Álvaro Martínez (LLA), Gerardo Milman (PRO), Francisco Monti (UCR), Paula Oliveto Lago (CC-ARI), Yamila Ruíz (Innovación Federal), Santiago Santurio (LLA), Margarita Stolbizer (Encuentro Federal de Pichetto), José F. Tounier (UCR), Martín Yeza (PRO), Fernando Carbajal (UCR), Ramiro Gutiérrez (Frente Renovador de Sergio Massa) y Danya Tavela (Democracia para Siempre).

En cambio, en minoría aconsejaron su rechazo el bloque de Unión por Todos y la izquierda, aunque el presidente del bloque K, Gerardo Martínez, dijo que “Machado ha trabajado muy bien” en el dictamen de mayoría, abriendo la posibilidad de que en vez de rechazar opten por abstenerse, según una fuente parlamentaria.

Ese dictamen de minoría está firmado por Martín Soria (ex ministro de Justicia), Rodolfo Tailhade (ex director de Contrainteligencia de la SIDE), Ernesto “Pipi” Alí, Ricardo Daives, Ana C. Gaillard, Bernardo J. Herrera, Ricardo Herrera, Varinia L. Marín, Matías Molle, Leopoldo Moreau, Sebastián Nóblega, María G. Parola, Luciana Potenza y Vanesa Siley. El diputado K por Chubut José Glinsky no firmó.

Ese dictamen de minoría toma argumentos de la agrupación Memoria Activa y se apoya en declaraciones del polémico exjuez Rodolfo Canicoba Corral, último titular del juzgado federal que tiene a cargo la investigación, señaló: “Con respecto a la causa AMIA, hay más informes de inteligencia que pruebas judiciales”.

Para los diputados K, en conclusión “resulta engañoso argumentar que bajo la órbita del derecho internacional ningún instrumento convencional ni decisión de un organismo de derechos humanos contiene una prohibición general o específica de juicio en ausencia y ello inhabilita a incorporarlo a la legislación argentina”.

Además, “es falso que la investigación se encuentra paralizada. Es falso que sin “juicio en ausencia” no se pueda saber la verdad. Es falso que el “juicio en ausencia” es la única posibilidad de transparentar toda la investigación del atentado a la AMIA”.

A su vez, en otro dictamen en minoría la diputada del partido Obrero Vanina Viasi, dijo que “la participación de Bullrich en este asunto es significativa, porque revela que se trata de un tema judicial que no escapa a una orientación política represiva y de avasallamiento de derechos y libertades democráticas de tipo más general”.

El juicio en ausencia “lejos de permitir juzgar a los responsables del atentado de la AMIA, busca un “punto final” que consolide la impunidad, con una condena a Irán que aún no está debidamente probada, y la absolución al Estado argentino y el bloqueo a una investigación judicial seria sobre las responsabilidades que existen detrás de la “conexión local”.

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Durante el debate expusieron a favor los jueces Franco Fiumara, Marcelo Aguinsky, el dirigente de la mayoritaria Asociación de Familiares de Víctimas de la AMIA, Luis Czyzewski y el ex vicepresidente de la DAIA, Alberto Indij, entre otros.