El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina (UCA), Pablo María Garat, publicó una columna titulada “El jefe de gobierno ratifica el aborto como política pública”, en la que en duros términos critica a Horacio Rodríguez Larreta por no vetar la adhesión de la Legislatura porteña al "Protocolo nacional de Interrupción Legal del Embarazo (ILE)".

“Eligió, como Pilato con Cristo, afirmar que tiene ante sí a un inocente y entregarlo a la muerte. Pero sus manos no han sido lavadas”, apuntó al responsabilizar al mandatario comunal de "ratificar el exterminio de inocentes".

El decano consideró que esta decisión de Rodríguez Larreta de permitir la promulgación automática de la ley de adhesión al Protocolo

“resulta de relevancia para ratificar que en la Ciudad de Buenos Aires estamos ante una clara política pública que, como señalamos, pretende hacer del aborto un derecho garantizado por el Gobierno de la misma, a pesar de la decisión del Congreso de la Nación de rechazar tal pretensión el 8 de agosto de 2018".

“Afirmamos que se trata de una política pública absolutamente contraria a nuestro orden constitucional, al igual que la norma administrativa nacional a la cual adhiere ahora, y que tiene total continuidad desde 2012 bajo responsabilidad del Jefe de Gobierno, ahora confirmada por la Legislatura de la Ciudad y la decisión de no vetarla”, advirtió.

“La convergencia de voluntades entre el Jefe de Gobierno y la mayoría legislativa se podía presumir hasta el día de ayer. Ahora ha sido ratificada por el titular del poder ejecutivo de la Ciudad”, denunció.

Garat aseveró que “es Horacio Rodríguez Larreta quien pretende consolidar esta convergencia de voluntades como una política pública al renunciar al ejercicio de su atribución para vetar la ley en cuestión, sin más argumento que afirmar: ‘Respeto profundamente las opiniones de todos, y, por supuesto, la división republicana de poderes’”.

“Si deseaba respetar la división republicana de poderes lo primero que debió hacer es asumir su propia responsabilidad en tanto Jefe de Gobierno y vetar la ley si no está de acuerdo con ella”, consideró. “Luego la Legislatura, en uso de las atribuciones propias, podrá insistir o no en su sanción. Así lo hizo, por ejemplo, y como se recuerda, el ex presidente del Uruguay, doctor Tabaré Vázquez, ante circunstancias parecidas”, comparó.

“En lugar de ello, no solamente utiliza su abstención en el uso de tal atribución para permitir la promulgación automática de la ley, sino que pretende complementarla administrativamente con una serie de normas que buscan morigerar ciertos aspectos de la misma. O sea: continúa colegislando para el diseño de esta política pública de exterminio de inocentes”, resaltó.

“Con toda responsabilidad utilizamos esta terminología ‘exterminio de inocentes’ que todavía resulta insuficiente para calificar el cinismo con el cual el Jefe de Gobierno expresa: ‘Vamos a establecer con más claridad los períodos gestacionales alcanzados por el Protocolo ILE y su relación con los métodos que el sistema de salud establezca como más adecuados a cada situación, así como las normas que regulan su ejercicio. …Teniendo en cuenta esta dinámica, y atento a los determinantes y restricciones médico asistenciales de cada período gestacional, instruí al Ministerio de Salud para que clarifique los procedimientos y mecanismos involucrados. Luego de las 24 semanas, la interrupción de un embarazo sólo puede encuadrarse en los causales de riesgo grave e inminente de vida de la madre’”, fundamentó.

“La pretensión de aliviar su responsabilidad intentando limitar el agravio de la ley en materia de objeción de conciencia institucional o mediante el diseño de ‘un plan integral de embarazos no deseados’ o también por la facilitación del proceso de adopción, lejos de eximirlo de aquella solo confirma que el es, otra vez como desde 2012, el responsable ejecutivo de esta política de muerte”, aseguró el decano.

Garat denunció que “el jefe de Gobierno pretende ‘ajustar’ la ley no para evitar la eliminación de miles de inocentes sino para que la misma se realice de modo selectivo en cuanto a donde se concretará o para hacerse cargo desde el sistema de salud pública de la Ciudad de los casos en que las instituciones médicas no estén dispuestas a colaborar con ello”.

“Los legisladores que han votado esta ley no han dudado nunca en la coherencia de sus convicciones y el ejercicio de sus responsabilidades constitucionales: quienes han votado a favor o en contra. El Jefe de Gobierno elude ejercer la propia en contradicción con las convicciones que afirma sostener en relación a la existencia del ser humano desde la concepción. Y sin siquiera intentar, en uso de tales atribuciones, impedir que se consolide esta política pública por el aborto como ‘derecho’”, sostuvo.

“Horacio Rodríguez Larreta, afirma su convicción en cuanto a que el ser humano existe desde la concepción, pero renuncia a ejercer su autoridad para preservar la vida de miles de inocentes. Concretamente, desde el ejercicio del veto, pasando por la derogación de la Resolución 1252/2012 que debió concretar hace mucho, hasta la presentación judicial por la inconstitucionalidad de la ley 6312 si la Legislatura insistiese en su sanción, tenía importantes medios constitucionales a su disposición”, subrayó.

El pasado 20 de julio, la Facultad de Derecho de la UCA afirmó que la Ciudad de Buenos Aires tiene desde 2012 al derecho al aborto como "política pública conforme a la Resolución 1252/2012 mantenida por el actual Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, desde el comienzo de su primer mandato, y ahora ampliada por decisión de la Legislatura de la Ciudad al sancionar la ley 6312 el 16 de julio pasado, promulgada automáticamente ayer, 4 de agosto”, señaló.

“Dicha política pública de exterminio de seres humanos por nacer que en 2019 se cobró la vida de 8.388 niños - según declaraciones de los propios funcionarios locales - no tiene más fundamento que la invocación del fallo F.A.L. de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 2012”.

“Esto es de una enorme precariedad jurídica, como hemos sostenido con amplia argumentación en nuestra declaración citada, ya que dicho pronunciamiento carece de la fuerza suficiente para fundar esta política pública que pretende transformar un delito en un derecho”, alertó, y agregó: “Tampoco la Corte ha perseguido tal finalidad, limitándose a ‘exhortar’”.