La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés) dijo en un comunicado que el decreto de 40 días de ayuno y oración dictado en febrero viola la separación entre la Iglesia y el estado.

El decreto fue aprobado en febrero después que el presidente de la Cámara de Representantes puertorriqueña Carlos Méndez dijera que la isla necesitaba la intervención divina para salir de una prolongada recesión.

El decreto llama a la "purificación espiritual, material y social'' de la población. Desde el 26 de febrero se realizan reuniones voluntarias en las iglesias todos los días de las 5 a las 6 de la mañana.

La ACLU pidió una orden federal para bloquear el decreto y ha cuestionado si las reuniones se organizan con fondos públicos.

 Antes, la ACLU había exhortado a Méndez a que reconsidere su “equivocado afán inconstitucional de insistir que la fe cristiana es la religión que guía” al gobierno de Puerto Rico.