Por Nicolás de Cárdenas

El pasado 17 de septiembre, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, anunció una reforma del Código Penal que incluye la derogación del delito contra los sentimientos religiosos o de escarnio público recogidas en su artículo 525. 

El Gobierno defiende esta modificación como una vía para dar mayor espacio a la libertad de expresión. 

En el comunicado conjunto, las diferentes confesiones religiosas expresan su defensa del derecho a la libertad de expresión, pero subrayan que “como ciudadanos y creyentes, reivindicamos también el derecho de nuestros fieles a poder vivir la fe en un clima de respeto a los sentimientos religiosos, amparados por otros derechos también protegidos constitucionalmente, tales como el derecho a la libertad religiosa, libertad de conciencia y derecho a la dignidad e integridad moral”.

“Estos derechos, por ser fundamentales, no pueden prevalecer uno en detrimento de los otros, como si uno fuera absoluto y los demás relativos, pues todos son necesarios para sustentar la armonía de las libertades”, sostienen las confesiones religiosas. 

Los firmantes defienden que “la vulneración de la libertad religiosa ha conllevado también la censura de la libertad de expresión, por lo que la protección integral de la libertad religiosa es garantía para el ejercicio pleno” de este derecho.

Por otro lado, señalan que “la normal aceptación de insultos, estereotipos, bromas hirientes y ridiculizaciones, son en ocasiones la base para que puedan producirse comportamientos más graves”.

Entre ellos citan las “amenazas, agresiones u otro tipo de actos violentos contra las personas creyentes y los lugares de culto, actos que, de hecho, están creciendo por toda Europa”.

Además, las diferentes confesiones religiosas se ofrecen a dialogar con el Gobierno sobre esta cuestión “que vulnera sustancialmente el derecho de libertad religiosa” o cualquier otra decisión que afecte a la libertad religiosa “a través del cauce ordinario de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa”.

Por último, apelan “a los representantes de los distintos partidos políticos a que, actuando en conciencia, trabajen por defender los derechos universales de los ciudadanos, que están por encima de las opciones ideológicas, y a que protejan en su integridad el derecho fundamental de libertad religiosa”.

El comunicado conjunto está firmado por la Conferencia Episcopal Española (CEE), la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE), la Sacra Metrópolis Ortodoxa de España y Portugal del Patriarcado Ecuménico, el Obispado de la Iglesia ortodoxa de Rumanía de España y Portugal y el Obispado de la Iglesia ortodoxa del Patriarcado de Moscú en España. 

También se han sumado a la propuesta la Iglesia Apostólica ortodoxa de Armenia, la Iglesia siro-ortodoxa de Antioquía, la Iglesia Española Reformada Episcopal (Comunión Anglicana), la Iglesia Evangélica Española, la Iglesia Evangélica de Habla Alemana de Madrid, la Diócesis de Europa de la Iglesia de Inglaterra, la Federación de Comunidades Judías de España y la Comisión Islámica de España.