Seguramente, Gils Carbó opinará en contra de ese pedido de los familiares de Nisman y del fiscal de Cámara Ricardo Sáenz y establecerá su criterio para que la causa continué en el fuero penal de instrucción. Gils Carbó, miembro de la agrupación K Justicia Legítima, accionó siempre a favor de la estrategia del kirchnerismo en esta causa sensible. 

De todos modos su opinión no es vinculante y la Corte podrá decidir lo que quiera. Se estima, entonces, que en unos diez días se podrá destrabar este conflicto que demora la investigación respecto de si la causa debe continuar en manos de la jueza de instrucción Fabiana Palmaghini o pasar al juez federal Julián Ercolini, junto con el fiscal Eduardo Taiano, como quiere la querella.

El lunes el fiscal ante la Cámara del Crimen porteña Ricardo Sáenz y los familiares de Alberto Nisman presentaron "recursos de queja" ante la Corte Suprema contra la decisión de mantener la investigación por la muerte del ex titular de la UFI AMIA en el fuero penal de instrucción de la Capital Federal, con la intención de que pase al fuero federal.

Sáenz argumentó que "existe gravedad institucional cuando lo resuelto excede el mero interés individual de las partes y afecta a la comunidad, como claramente se configura en el caso" y advirtió que fue "injusta y arbitraria" la decisión de Casación de mantener el caso en el fuero ordinario.

En tanto, también se presentaron ante la Corte Suprema los representantes de las dos querellas: Pablo Lanusse, por la madre y la hermana de Nisman, y Juan Pablo Vigliero y Manuel Romero Victorica, en nombre de las hijas.

La semana pasada, la Cámara Nacional de Casación Penal, que encabeza María Laura Garrigós de Rebori -presidenta de "Justicia Legítima"- rechazó los planteos para que el caso sea analizado en los tribunales federales de Comodoro Py 2002.

A criterio de los abogados Vigliero y Romero Victorica, esa decisión constituye una "sentencia definitiva" que debe ser revisada por la Corte Suprema "pues provoca a nuestra parte un gravamen que no es susceptible de reparación ulterior al configurar una denegatoria al fuero federal, y al violentar la garantía del debido proceso, (afecta) la garantía del juez natural, obstruyendo la defensa del interés federal, la inviolabilidad de la defensa del derecho a la verdad y la tutela judicial efectiva".

Según el escrito, los abogados advirtieron que "se plantea una cuestión de enorme interés institucional por la muerte de un Fiscal federal, que tenía a su cargo la investigación de un hecho de terrorismo cuya comisión involucraba la participación de funcionarios y agentes de un estado extranjero y que, en el marco de esa investigación, efectuó una denuncia penal por encubrimiento en contra de quien ocupaba en ese momento la Presidencia de la Nación y de otros funcionarios".

"Si los hechos objeto de una causa criminal pudieron afectar la administración de justicia al obstruir la investigación que se desarrollaba en el fuero federal, entonces su juzgamiento corresponde inexorablemente a un Juez Federal", se añadió.

Y se cuestionó que "la Cámara Nacional de Casación Penal sostiene que, dada la etapa en que está la investigación, todavía no es posible afirmar que el deceso del Fiscal federal Natalio Alberto Nisman haya sido producto de un delito, y que además tal ilícito haya sido cometido en relación a la función que éste desempeñaba como funcionario federal a cargo de la UFI-AMIA, pudiendo obstruir su labor investigativa".

"Ese criterio contradice" a la propia Corte Suprema "en numerosísimos precedentes, donde lo necesario para atribuir competencia a la justicia federal no es la certeza de que el hecho se vinculase al cargo y ejercicio de la función de la víctima, sino la posibilidad concreta de que en base a un análisis racional de las constancias colectadas en el expediente y del particular contexto del caso, no sea razonable descartar que pueda haber ocurrido un delito propio del conocimiento de la competencia federal", añadieron.

La fiscalía y las querellas sostienen que Nisman fue asesinado por sus actividades como fiscal, y en tal sentido la competencia de la investigación debe recaer en el fuero federal penal porteño.

Hacia allí había ido el expediente en el verano pasado, pero la Cámara de Casación porteña, a pedido de la defensa del técnico informático Diego Lagomarsino, quien le prestó a NISMAN el arma de la cual salió la bala que mató al fiscal, entendió que la decisión era equivocada y regresó la causa al fuero ordinario.

La causa pasará a estudio de la Corte Suprema, aunque por un camino restrictivo en el que el máximo tribunal suele descartar su intervención en este tipo de instancias, pues no se trata de "sentencias definitivas".