La impactante condena contra dos curas católicos y el jardinero del Instituto Provolo, de Mendoza, no fue motivo de festejo para las víctimas y sus familiares. Por el contrario, lamentan que otros casos no puedan avanzar debido a lo que consideran un ocultamiento de parte del Papa Francisco y la jerarquía de la iglesia católica. "Recibimos la sentencia con mucha conformidad. Se reconoce la calidad de víctimas de los chicos y también que los hechos sucedieron. La pena impuesta es una expresión de responsabilidad", dijo Sergio Salina, abogado acusador y vicepresidente de la organización Xumek.

“La Iglesia católica tristemente ha sido cómplice de esto, tanto en su momento como ahora”. El cura italiano Nicola Bruno Corradi, y el cura Hugo Corbacho Blanc, junto con el jardinero Armando Ramón Gómez, fueron condenados con hasta 45 años de prisión por haber abusado sexualmente de niños sordos del Instituto Antonio Provolo en la provincia de Mendoza. Los abusos fueron cometidos contra 11 niños sordos, en un total de 28 hechos ocurridos entre 2005 y 2016, más de once años de ataques y torturas sexuales. Las víctimas, varones y mujeres, tenían entre 7 y 17 años. Los curas Horacio Corbacho y Nicola Corradi y el jardinero Armando Gómez son juzgados por "abusos sexuales cometidos en forma sistemática" a chicos hipoacúsicos en el Instituto Próvolo. 

Las condenas fueron pronunciadas por el Tribunal Penal Colegiado Nº2 de Mendoza integrado por los jueces Carlos Díaz, Mauricio Juan y Aníbal Crivelli: Corradi recibió 42 años de cárcel por hechos en grado de autoría y coautoría o partícipe necesario, con la figura de promoción de la corrupción de menores. Corbacho Blanc fue condenado a 45 años por hechos que incluyeron imputaciones como abuso simple y con acceso carnal agravados por ser el encargado de la guarda de sus víctimas. Gómez, que es sordo, para quien se consideraron atenuantes como su analfabetismo y escasa instrucción, recibió una pena de 18 años. Quiénes son los religiosos acusados de abuso en el Próvolo de Mendoza Según la activista estadounidense Anne Barrett Doyle, cofundadora de BishopAccountability.org, “la corte argentina ha dado a los niños traumatizados del Próvolo una medida de justicia que la Iglesia católica no les dio”. “El papa también debe aceptar la responsabilidad por el sufrimiento inimaginable de estos niños.... Ignoraba las repetidas advertencias de que Corradi estaba en Argentina”, agregó a la agencia AP.

“La Iglesia sigue ocultando pruebas, no contesta a los pedidos de información que hace la Fiscalía para ocuparse de otros victimarios. Hay víctimas que no son éstas que no pueden ir a juicio por ello. Tenemos el sabor amargo de que va a haber impunidad en algunos casos”, señaló Salinas a la agencia AFP. Hasta ahora no hubo una reacción de parte de la Iglesia católica argentina a este fallo, mientras Francisco se encuentra de viaje en Japón. Pero según explicó el vicario judicial Dante Simón, la decisión de los jueces “coincide con lo que yo pedí a la Santa Sede, la pena máxima de la dimisión del orden sagrado a los dos sacerdotes. Lo que no puedo decir yo es cuando tomaría las medidas la Santa Sede”. En un informe enviado al Vaticano, Simón había pedido la aplicación de la máxima pena para Corradi y Corbacho, es decir, “que sean dimitidos directamente por el Santo Padre”. Señaló, además, que Francisco le había expresado que “estaba muy preocupado por esta situación”, pero diversas organizaciones defensoras de víctimas de abusos, y las propias víctimas se preguntan por qué el Papa no removió a Corradi como autoridad del Próvolo de Mendoza cuando conoció las denuncias en su contra en Italia.  En efecto, el nombre del cura apareció públicamente en 2009 cuando 67 sordos dijeron haber sido abusados en el instituto en Verona por 24 curas, laicos y hermanos religiosos y especificaron que en ese entonces el sacerdote italiano ya había sido enviado a la Argentina. En 2012 la diócesis de Verona pidió perdón a las víctimas y sancionó a cuatro de los 24 acusados, entre los que no estaba Corradi. En ningún caso hubo un proceso penal porque el delito había prescrito.

El nombre de Corradi apareció de nuevo en una carta dirigida a Francisco en 2014 en la que los sordos italianos le reiteraron el potencial peligro para los menores que implicaba la presencia del clérigo en la institución educativa de Mendoza. También estuvo en la mira de la justicia de la provincia de Buenos Aires por presuntos abusos cometidos en la sede del Provolo en La Plata, su primera escala desde que fuera enviado a la Argentina en 1970. Familiares de las víctimas aseguran que los traslados de Corradi obedecen a la reiterada práctica de la Iglesia de cambiar de un lugar a otro a los curas denunciados.