LUIS BADILLA

Las conversaciones de paz entre el gobierno colombiano del presidente Manuel Santos y las FARC (Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia, nacidas el 27 de mayo de 1964, el más antiguo grupo armado que opera aún en América Latina) comenzaron oficialmente el 4 de septiembre de 2012 en La Habana, Cuba. En la práctica, con la ayuda y el apoyo del gobierno del presidente cubano Raúl Castro, se negocia desde hace cuatro años. Mientras tanto en el país, en toda América Latina y más allá (Vaticano, ONU, Unión Europea...) crece el interés y el apoyo para que se ponga fin a este largo sufrimiento de un pueblo que durante más de cinco décadas, y que ha sido víctima de violencias terribles entre distintos grupos armados de izquierda, de derecha, Fuerzas Armadas y Policía. Llegados a este punto, si el referendum aprobará los acuerdos alcanzados, y parece la alternativa más probable a pesar de que algunos sectores colombianos están haciendo un llamamiento a favor del “no” (dirigidos por el ex presidente Álvaro Uribe), el evento se añadirá a otro igualmente histórico anunciado en diciembre de 2014: la normalización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. 

El proceso desde Noruega hasta el referendum  

El proceso de negociación, cuyos preeliminares comenzaron en Noruega en 2012, no ha sido fácil y más de una vez se ha temido lo peor, como cuando tras el secuestro de un general por parte de la guerrilla, se suspendieron las conversaciones. El 10 de diciembre de 2015, las actividades de la delicada y difícil negociación comenzaron de nuevo, incluso con más fuerza. Hace poco tiempo las dos partes anunciaron el Acuerdo general sobre seis capítulos de las negociaciones. Todavía estaba presente el recuerdo del clamoroso fracaso de las negociaciones de hace 30 años entre el entonces presidente Andrés Pastrana y Manuel Marulanda, el difundo líder histórico de las FARC.  

El pasado 23 de junio en la capital cubana se dieron cita numerosos líderes latinoamericanos para ser testigos, con su presencia, de la importancia de este verdadero cambio histórico en la región: el alto el fuego definitivo y bilateral. Desde entonces se ha continuado discutiendo para perfeccionar los acuerdos y mecanismos y, sobre todo, por la redacción del documento conclusivo de las negociaciones. Un documento (firmado por el presidente Juan Manuel Santos y el líder de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, más conocido como Timoleón Jiménez), que debería ser la base del referendum popular que con un “sí” o un “no” pondrá fin a esta horrenda guerra: 220.000 personas asesinadas, más de 45.000 desaparecidos y casi 7 millones de colombianos desplazados. El 18 de julio, el presidente Santos recibió con gran satisfacción la aprobación del referendum por parte de la Corte Constitucional para dar efectiva legalidad a los contenidos del Acuerdo entre el gobierno y las FARC. En los próximos días se debería anunciar la fecha de la votación popular aunque las campañas a favor del “sí” y del “no” comenzaron hace semanas.  

Por el momento las encuestas son contradictorias. Todas dicen que ganará el “sí” con más del 34% de los votos, pero el “no” se espera que esté muy cerca, con una diferencia de tres puntos. (Datexco). “Ivamer” atribuye sin embargo al “sí” el 67,5%. Mientras tanto ha comenzado otra polémica sobre la sustancia del pronunciamento popular. La gran mayoría de los juristas precisa que no se vota entre “paz” (con el sí) y “guerra” (con el no). Se vota, observan, sobre los Acuerdos de La Habana, lo que significa que si gana el “sí” esas negociaciones serán aprobadas y ratificadas por el pueblo y si por el contrario gana el “no” los Acuerdos deberán ser renegociados.  

Para la paz el camino está todavía cuesta arriba  

El itinerario del referendum está todavía cuesta arriba si se tiene en cuenta las reglas fijadas por la Corte Constitucional. Los jueces de la Corte han fijado en el 13% (cerca de 4,4 millones de votos) el quorum necesario para el “sí” para ser constitucionalmente reconocido más allá de que, obviamente, deber representar la mayoría de los votos respecto al “no”. Por lo tanto, de los cerca de 17 millones de colombianos con derecho a votar, al menos 4,5 millones deberán expresarse favorables a los Acuerdos y superar obviamente el número de los votantes contrarios.  

A simple vista todo puede parecer muy simple hasta el punto de preguntarse, como es posible que una persona pueda votar en contra de la paz y por lo tanto a favor de la guerra. Naturalmente las cosas no son así porque hay que recordar que se vota a favor de la aceptación o del rechazo del documento final de las conversaciones. Los problemas aparecen cuando la perspectiva de la paz viene asociaciada a los 52 años de conflicto y por lo tanto las polémicas entre los defensores del “sí” y del “no” se entremezclan con consideraciones muy políticas, partidísticas y electorales que hacen así aumentar las partes interesadas: paramilitares, narcotraficantes, traficantes de armas, mafias de secuestradores y bandas organizadas que monopolizan la micro-delincuencia urbana. Estas fuerzas no ganarían nada con la paz. La paz es una necesidad urgente y dramática para el pueblo. En este contexto, a menudo ignorado, se entremezclan argumentos diferentes, a menudo dirigidos al estómado de los electores y no a la razón o al corazón. Es aquí por lo tanto que aparecen las sentencias: se desea dar impunidad a los criminales y narco-guerrilleros y sus crímenes quedarán impunes, asesinos y secuestradores podrán presentarse a las elecciones y quizá convertirse en diputados y senadores. En un pueblo que ha sufrido mucho, estos argumentos pesan y no son para nada marginales.  

La Iglesia Católica  

El pasado 17 de agosto el episcopado colombiano ha exhortado a todos a votar y a decidir, subrayando que no dará ninguna indicación específica a favor de ninguna de las partes. El comunicado de los obispos recuerda que el mes pasado pidieron a los colombianos participar “en las consultas sobre los acuerdos de La Habana de manera responsable, con un voto informado y en conciencia, que exprese libremente su opinión, como ejercicio efectivo de democracia y con el justo respeto por aquello que decidirá la mayoría”. Confirmando la posición neutral frente a las alternativas, el presidente de la Conferencia episcopal colombiana, monseñor Luis Augusto Castro Quiroga, durante la presentanción de su libro sobre la paz vista con los ojos de las víctimas, ha observado: “Es un bien que este libro sea leído por unos y por otros”, estén a favor del Sí o del No, dado que “el objetivo de la paz está en el corazón de muchos colombianos, incluso en el caso que no estén de acuerdo con el proceso de paz de La Habana”.  

La Iglesia en Colombia apoya desde hace muchos años la vía política para resolver este conflicto y por lo tanto se ha opuesto siempre a la opinión que, incluso ahora, sostiene como vía de resolución la militar. Por eso el Episcopado ha trabajado desde el principio en apoyar, con los propios medios de las comunidades eclesiásticas, las conversaciones de La Habana así como hace también ahora con las negociaciones, abiertas hace poco tiempo, siempre en Cuba, entre el gobierno de Bogotá y el segundo grupo armado, el Ejército de Liberación Nacional (ELN). La convicción de fondo es siempre la misma: no existe otra manera para poner fin al sufrimiento de los colombianos que no sea consiguiendo la paz sabiendo que no es un camino fácil y que no siempre las necesarias concesiones de cualquier negociación serán bien recibidas por todos. 

Papa Francisco  

Francisco desde el inicio del pontificado ha ofrecido su apoyo, claro y constante, a las negociaciones de paz, en especial en los momentos más delicados. Un apoyo dado también al presidente Manuel Santos. De manera distinta y discreta, también la diplomacia vaticana ha apoyado estas conversaciones. Hace tiempo el Santo Padre se despidió del presidente Santos diciendo: “Si firmáis la paz voy a Colombia”. Ahora, es casi seguro que la visita del Papa, que esperan los colombianos con esperanza y entusiasmo, se producirá en los primeros meses de 2017. Cuando fue informado sobre la firma del primer acuerdo global preliminar el 23 de junio, el Papa exclamó: “Me hace feliz”. “En este momento –dijo en septiembre de 2015-- me siento en el deber de dedicar un recuerdo a la amada tierra de Colombia, consciente de la importancia crucial del momento presente en el que, con esfuerzo renovado y movidos por la esperanza, sus hijos están intentando construir una sociedad pacífica. Que la sangre versada de miles de inocentes durante tantas décadas de conflicto armado, unido a la de Jesús sobre la Cruz –añadió-- sostengan todos los esfuerzos que se están haciendo, también aquí, en esta bella isla, para una definitiva reconciliación”.  

Además en el momento de la aplicación de los acuerdos, si serán ratificados por el pueblo colombiano, el Papa Francisco será invitado a nombrar un juez de los 20 de la Corte especial que juzgará los delitos más graves perpetrados por las partes durante el conflicto.  

El papel de la ONU  

En todo el proceso de las negociaciones la ONU ha estado siempre presente y no ha evitado dar cualquier tipo de apoyo a las conversaciones. Ahora, la Organización Internacional debe asumir un nuevo papel, fundamental y delicado, que desde muchas partes se espera inice pronto, “dentro de las próximas tres o cuatro semanas”, ha dicho el Alto comisario para la paz del Gobierno colombiano, Sergio Jaramillo. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, hace días informó que los 450 observadores internacionales llamados a formar la misión prevista de las Naciones Unidas, operarán en 40 localidades distintas involucrando muchos civiles. Por el momento solo 80 de los observadores se encuentran en Colombia y se han dirigido a algunas de las áreas donde está previsto que se produzca la entrega de armas que las FARC han aceptado llevar a cabo. El monitoreo del desarme es uno de los objetivos clave de la misión de las Naciones Unidas. De estas fuerzas formarán parte militares provenientes, entre otras naciones, de Argentina, Cuba, Chile, Perú y Brasil.