El presidente de Cáritas y obispo de Quilmes, Carlos Tissera, ha expresado su profundo rechazo al reciente escándalo en el Ministerio de Capital Humano comandado por Sandra Pettovello, donde se denunció una transferencia de $14.000 millones para la compra de alimentos que nunca se concretó. «Lo que pasó es una vergüenza», afirmó Tissera, quien también expresó la necesidad de una investigación exhaustiva.

El episodio, que ha generado gran indignación, involucra a la ministra Sandra Pettovello, quien autorizó la transferencia de fondos al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) el pasado 8 de febrero. Sin embargo, a la fecha, los alimentos no han sido entregados, lo que ha llevado al Gobierno a apelar a la Corte Suprema el fallo de Casación sobre esta situación.

En una entrevista con Radio Mitre, Tissera destacó la importancia del trabajo de las ONGs y movimientos sociales en la distribución de alimentos. «Cáritas es apenas un granito de arena, pero hay muchas instituciones que llevan tiempo asumiendo la asistencia alimentaria. Ya lo veníamos venir y no tenemos toda la plata del Gobierno», señaló. A pesar del escándalo, Tissera enfatizó que los alimentos «se están distribuyendo», aunque el caso requiere una investigación porque la situación «está judicializada».

El obispo también se refirió a las irregularidades en algunos movimientos sociales, mencionando que eso «pasa en todos lados». Además, comparó la situación con la iglesia, donde también se deben controlar las finanzas. «En las parroquias hay consejos económicos. Un amigo de Río Cuarto decía: ‘Somos buenos hasta que lo dejamos de ser’. Pasa y la tentación aparece», comentó.

La otra denuncia que hace temblar a Pettovello

La controversia se agrava con otra denuncia contra Pettovello por haber firmado la transferencia de más de $6.700 millones a la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) para la compra de alimentos, superando el límite de $2.700 millones que podía autorizar sin la firma del Jefe de Gabinete, en ese entonces Nicolás Posse.

El abogado Leonardo Rodríguez Herrero, quien presentó la denuncia, explicó que «una compra del Estado que supere los $2.700 millones necesita la firma del jefe de Gabinete». Además, señaló que la OEI sólo ha realizado compras por aproximadamente la mitad del dinero transferido, cobrando una comisión significativa.