La selva Amazónica está en peligro. Así lo reconoce el instrumentum laboris para el Sínodo de octubre, que denuncia la actividad de las empresas extractivas con la complicidad de autoridades locales corruptas. El problema afecta a la humanidad entera, puesto que la región concentra un tercio de la biodiversidad del mundo o un 20 % del agua potable.

La llegada al poder el pasado 1 de enero de Jair Bolsonaro ha agravado los problemas. El presidente quiere explotar al máximo los recursos naturales de esta región, y apoya sin recato la expansión de las empresas madereras, mineras o petroleras por tierras indígenas. Brasilia ve por ello el próximo Sínodo del Amazonas como una interferencia en sus asuntos internos y ha llegado a amenazar al Vaticano con organizar una cumbre paralela.

Bolsonaro ya había atacado a la jerarquía católica en la campaña electoral. «Los obispos son la parte podrida de la Iglesia», dijo, apuntando contra la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil y el CIMI (Consejo Indigenista Misionero).

En su primer día de mandato, emitió un decreto que quita a la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) su potestad de identificar, delimitar, demarcar, fiscalizar y proteger las tierras habitadas por los pueblos indígenas. Por decreto ese organismo quedó bajo la órbita del Ministerio de Agricultura, encargada de las relaciones con la agroindustria. El CIMI definió la medida como el «aniquilamiento de los derechos asegurados en la Carta Magna de Brasil». A esto se le añade la construcción del llamado «cordón de seguridad nacional», una serie de bases militares colocadas en una franja de 200 kilómetros alrededor de la frontera Amazónica.

El sacerdote Dario Bossi, miembro de la REPAM y de la red ecuménica Iglesias y Minería, advierte frente a otra polémica medida del presidente: incluir entre las atribuciones de la Secretaría de Gobierno la misión de «supervisar, coordinar, monitorear y acompañar» la actuación de las ONG y otras organizaciones de la sociedad civil, iniciativa –apunta– que la Fiscalía Federal de los Derechos del Ciudadano ha denunciado como inconstitucional.

Así lo denunció en mayo ante el Congreso de EE. UU., donde fue invitado a pronunciar una charla. Allí esgrimió informes sobre el espionaje al que la Agencia Brasileña de Inteligencia ha sometido a obispos brasileños, acusándolos de promover junto al Vaticano una «agenda progresista». El ministro jefe del Gabinete de Seguridad Institucional ha reconocido abiertamente que el Gobierno pretende «neutralizar» el próximo Sínodo.

A esto se añade el aumento de episodios de criminalización o amenazas contra los líderes de las comunidades. Un caso emblemático para Bossi es el del sacerdote José Amaro Lópes de Sousa, sucesor en Anapu de la misionera Dorothy Stang, asesinada en 2005. Acusado injustamente, Amaro permaneció tres meses preso con cargos que posteriormente se demostró que habían sido fabricados contra él.