Por Sebastián Sansón Ferrari

La sanción de una nueva Constitución en la provincia de Jujuy, al norte de la República Argentina, ha originado movilizaciones en todas las ciudades y pueblos jujeños. Se han pronunciado docentes, organizaciones sindicales, movimientos populares, asociaciones de pueblos originarios, movimientos políticos y ahora lo hace también la Iglesia católica. En un comunicado, la Comisión Nacional de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Argentina (CNJP – CEA) expresa que “el gobierno ha prohibido esas manifestaciones y reprimido y detenido manifestantes, alegando que eran personas que estaban realizando actos de violencia”.

La CNJP recuerda, citando la Doctrina Social de la Iglesia, que la participación es un deber que todos han de cumplir conscientemente, en modo responsable y con vistas al bien común. “La participación no puede ser delimitada o restringida a algún contenido particular de la vida social, dada su importancia para el crecimiento”, agregan.

Todo se puede lograr con el diálogo

El organismo del Episcopado argentino considera urgente que todos respondan al llamado reiterado de Monseñor César Daniel Fernández, obispo de Jujuy, “al diálogo sincero entre las autoridades y los distintos grupos de hermanos y hermanas que se encuentran en conflicto”. El prelado subrayaba la necesidad de detenerse para escucharse pacientemente. “Hay que construir puentes a recorrer para encontrarnos y no dinamitarlos”, proseguía.

Fernández argumentaba que el camino del diálogo es fatigoso, pero se debe transitar y dar lugar a las distintas voces de los actores de la vida social. Con este objetivo, los obispos instan a todos los jujeños a participar en “un diálogo paciente y ordenado acerca de sus normas y que el resultado de ese diálogo sea sometido a un plebiscito vinculante”.

“Rechazamos toda violencia, venga del lado que venga”

En otro pronunciamiento, Monseñor Fernández advierte el “punto crítico” en el que se encuentra Jujuy. Retomando las palabras del Obispo de Humahuaca, Monseñor Florencio Félix Paredes Cruz, sostiene que la coyuntura exige deponer toda actitud intransigente y convocar a todos los actores a “apostar por la inmediata pacificación social y convocarse a un diálogo donde no primen los interés políticos, ideológicos, sectoriales, sino que se tienda a establecer la convivencia y la paz social, un bien y un derecho de todos los ciudadanos”.

“No podemos estar unos contra otros”, lamenta el prelado jujeño, “sino que todos debemos estar unidos en lo único que interesa que es el bien del pueblo…”. De modo particular, repudia toda violencia, “venga del lado que venga, porque atenta contra la dignidad de cada persona humana y lleva a un punto sin retorno o del que es muy difícil volver”.

Fernández afirma que se debe examinar con detenimiento “por qué hemos llegado a la situación que vivimos hoy para ponerle pronto remedio y recomenzar desde bases sólidas y desde consensos compartidos”. El obispo concluye su mensaje deseando “que cada uno haga su aporte con grandeza y generosidad”.

CIDH llama al Estado a respetar el derecho a la libertad de expresión

Frente a la represión de las manifestaciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) observa con preocupación las acciones llevadas a cabo para disolverlas. En un mensaje público, exhorta al Estado a respetar los estándares interamericanos en el uso de la fuerza y a impulsar un proceso de diálogo efectivo, inclusivo e intercultural, en el que se respete los derechos sindicales y de los pueblos originarios.

La CIDH recuerda que las protestas tienen lugar en el marco del proceso de modificación parcial de la constitución provincial de Jujuy por parte de la Asamblea Constituyente. “Entre los cambios propuestos, dice la nota, se destacan las reformas al sistema electoral local, así como la criminalización total de los cortes de ruta”. “Según la información recibida, añade el texto, se plantea que esta reforma no habría cumplido con la debida consulta a los pueblos indígenas, de acuerdo con los estándares interamericanos e internacionales”.

El organismo reivindica la importancia del derecho a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado como “principio fundamental que busca garantizar la participación efectiva y significativa de los pueblos indígenas en las decisiones que afectan sus derechos, territorios y recursos naturales”. Una consulta que, como puntualizan, “debe darse por medio de un proceso inclusivo, equitativo y de buena fe”.

La CIDH hace “un llamado a las autoridades locales de la Provincia de Jujuy a dialogar de manera amplia y constructiva con los gremios docentes y sindicatos movilizados en torno a las protestas relacionadas con reclamos salariarles docentes y con la reforma constitucional provincial”.