A cinco días del inicio de la visita del papa Francisco a Ecuador, el presidente Rafael Correa convocó el martes a sus simpatizantes a una concentración en respuesta a los planes de la oposición de movilizarse el jueves en Quito. Correa, quien enfrenta desde hace casi un mes protestas que exigen su salida del poder en rechazo a sus políticas, justificó el llamado ante la "irresponsabilidad" en la que según él incurrieron sus adversarios al planificar marchas en la antesala de la visita papal, del 5 al 8 de julio.

"Lamentablemente, vamos a tener que repletar la Plaza Grande (frente a la sede de gobierno) porque no vamos a permitir que esas cosas ocurran. Somos más, muchísimos más, pero esa gente actúa irresponsablemente", dijo el mandatario a la prensa.

Correa, en el poder desde 2007, agregó que en principio su partido había descartado responder en las calles a los llamados de nuevas protestas, pero que "lastimosamente" la oposición lo obligó a cambiar de decisión. "La inmensa mayoría del país, el pueblo católico, rechazará cualquier intento de politización de la venida del papa Francisco", comentó. En ese sentido agregó que "frente a esa gente, que va a tratar de seguir desestabilizando el país", la respuesta debe ser "vencerlos en las redes, vencerlos en las calles".

El mandatario izquierdista enfrenta desde el 8 de junio frecuentes protestas en varios puntos del país al grito de "!Fuera Correa, fuera!", en rechazo a sus políticas y al estilo de gobierno, que tildan de prepotente. Las movilizaciones tuvieron como detonante iniciativas para elevar impuestos a las herencias y a la plusvalía, pero devinieron en una crítica generalizada al gobierno.

Acosado por las protestas, Correa suspendió de forma temporal el trámite legislativo de los proyectos para preservar el "ambiente de paz" durante la visita de Francisco, al denunciar que las movilizaciones son una "conspiración en marcha".

Sectores empresariales, ricos y de clase media encabezan el inusitado movimiento de protesta al que se han sumado líderes de oposición, que consideran las medidas tributarias un castigo al patrimonio familiar y al éxito económico en una sociedad tradicionalmente conservadora. Correa, por su parte, asegura que los suspendidos proyectos afectarán a menos de 2% de la población y que buscan estimular la redistribución de la riqueza.

El presidente, que reivindica haber sacado de la pobreza a 1,3 millones de ecuatorianos en su gobierno, convocó a un diálogo nacional para discutir las iniciativas antes de decidir si reactiva su discusión en el Congreso, que domina el oficialismo.